Señorío Tlaxcalteca… Armando Contreras no garantiza la imparcialidad
El voto que ni es libre, ni es secreto
Opinión de
Se parte de una premisa fundamental: cada persona electora es adulta y, en el ejercicio de sus derechos políticos y de su propio criterio, decidirá este primero de junio si participa en las urnas, y cómo lo hace. Esta columna no busca dictar una ruta: ni llamar a votar, ni a abstenerse. Su intención es otra: aportar a la reflexión, alimentar las ideas ya digeridas o en proceso, y tal vez —con suerte— confrontarlas.
Si realmente creemos en la democracia, debemos respetar su núcleo esencial: una persona, un voto. En teoría, cada voz debería tener el mismo peso, venga de quien venga: del campo o la ciudad, de la academia o del anonimato, con doctorado o sin primaria. Pero no esta vez. Entre muchos otros problemas, esta elección judicial evidencia que el voto no vale igual. Así lo advierte el Observatorio Electoral Judicial: la distribución de candidaturas y vacantes provoca que el peso del voto dependa del lugar de residencia. ¿Sigue siendo válido el principio democrático si unas personas votan con más influencia que otras?
Se nos invita a votar para evitar que lleguen perfiles indeseables. Pero esa invitación ignora un hecho incómodo: el diseño de la reforma judicial abrió las puertas a la improvisación y al oportunismo. Ante la pregunta obvia que se planteó desde el principio “¿cómo garantizar que los mejores perfiles lleguen?” la respuesta del oficialismo fue “los evaluarán comités de los tres poderes”. Esa promesa, no garantía, se desdibujó pronto. Hoy vemos boletas llenas de nombres vinculados al crimen organizado, a sectas religiosas como La Luz del Mundo, o con antecedentes penales.
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