Amparando a las indefensas autoridades
Opinión de
El juicio de amparo es la institución jurídica más importante y trascendente que México ha aportado al mundo legal. El amparo es el mecanismo de control constitucional diseñado para proteger a los individuos respecto de actos de autoridad que violen sus derechos. Es el medio de defensa más efectivo en contra de arbitrariedades y la vía por excelencia para controvertir afectaciones graves a los derechos, propiedades y posesiones de los particulares ocasionadas por actos de gobierno. En todas las oficinas del Poder Judicial nos recibe una gran frase de José María Morelos y Pavón: “Que todo aquel que se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda frente al fuerte y el arbitrario”.
No obstante lo anterior, se acaba de presentar una iniciativa de reforma a la Ley de Amparo que busca limitar radicalmente este medio de defensa y cambiar de fondo el paradigma de protección a los particulares. Después de muchos avatares y deliberaciones, en 2011 se reformó la Constitución para establecer el principio pro persona, consistente en que las normas se interpretarán favoreciendo en todo momento a las personas la protección más amplia, es decir, en caso de duda o conflicto entre normas, debe aplicarse la que más favorezca a la persona.
La iniciativa en comento, dando un giro de 180 grados, ahora busca favorecer en todo momento a la autoridad administrativa y limitar la posibilidad de que los particulares se defiendan de actos de gobierno. Por definición, la relación entre los gobernados y las autoridades es una de desigualdad (supra-subordinación es el tecnicismo legal), donde una de las partes (el gobierno) tiene la autoridad o poder de decisión sobre la otra (individuo) y, fundamentalmente, la posibilidad de imponer sus determinaciones y obligar a cumplirlas.
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