La ceguera de la 4T
Para Julio Scherer García, a 100 años de su nacimiento
En plena Semana Santa –la conmemoración de un crimen en el que la inocencia de la víctima puso al desnudo la ceguera del poder–, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) decidió al fin solicitar al secretario general de esa institución internacional que, con carácter de urgente, pida a la Asamblea General de ONU asumir la responsabilidad frente a las desapariciones forzadas que se cometen en México y que forman parte de los llamados crímenes de lesa humanidad. La finalidad es apoyar al Estado mexicano, dice el informe que acompaña la solicitud, en “la prevención, investigación, castigo y erradicación de ese crimen”. Es la respuesta a un llamado que desde hace muchos años organizaciones y colectivos de víctimas hemos demandado y que de alguna manera es un primer paso hacia la Justicia Transicional: pasar de un Estado capturado por el crimen a un Estado de derecho.
Aun cuando el concepto de crímenes de lesa humanidad –aquellos delitos que atacan la esencia de lo humano– se utilizó en los juicios de Núremberg en 1945 para juzgar a dirigentes nazis, su marco jurídico quedó establecido en 1998 en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Se refieren a actos inhumanos graves y sistemáticos contra la población civil generando un sufrimiento colectivo. Desde hace 20 años –tiempo en el que la CED ha documentado la desaparición forzada en nuestro país— en México no sólo se desaparece, se tortura, se destaza, se extermina, se secuestra, se extorsiona con la participación o la aquiescencia del Estado. Desde hace 20 años el Estado lo ha negado o lo relativiza.
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