Convocan marcha para defender un INE independiente en México
Opinión de Isael Pérez Olivier
Parecería chiste, pero es anécdota. Y no sé, si solo sea mi percepción, pero por qué será que cuando más se esfuerza la administración Cuéllar por negar la inminente operación de la delincuencia organizada en Tlaxcala —desestimando incluso los trabajos de inteligencia de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos de Norteamérica, por sus siglas en inglés: DEA—, más evidentes y contundentes son los resultados de los operativos de las fuerzas federales a cargo de Omar García Harfuch, para detener a líderes regionales de células criminales que operan en la entidad, bajo el auspicio de los grandes cárteles que no solo se dedican al trasiego y venta de sustancias ilícitas sino también al secuestro, la extorsión, el cobro de piso y al sicariato que ha provocado cifras récord de homicidios dolosos en el territorio más pequeño del país.
Sí. Damas, caballeros y personas de los géneros no binarios, algo “huele mal, muy mal”, —y ese tufo se confirma— cuando los golpes certeros contra la delincuencia son única y exclusivamente, resultado de los trabajos conjuntos de la Fiscalía General de la República, de la Secretaría de Marina, de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, comandados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero sin la intervención o participación de la Fiscalía General de Justicia del Estado a cargo de Ernestina Carro Roldán, y de Seguridad Ciudadana que encabeza, Alberto Perea Marrufo.
Sí. Ya sé. Los puristas del derecho que asesoran al gabinete de seguridad del estado y a la propia gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, podrán argumentar que la investigación y la persecución de esos delitos son de competencia del ámbito federal; so pretexto, de que un juez tiene que decretar “que hay delincuencia organizada en Tlaxcala” para aceptar la operación cotidiana de los grupos delincuenciales en la entidad; o incluso, que esos grupos no están instalados en el territorio estatal y que ”solo van de paso”. Pero eso, no son más que falacias y argucias legales para desentenderse de la violenta realidad y de sus obligaciones constitucionales.
Y eso es así, porque el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos —les guste o no—, establece que la seguridad pública es una función del Estado compartida entre la Federación, los Estados y los Municipios, incluyendo la prevención, la investigación y la persecución de los delitos.
Entonces, sí. la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala y las 60 policías municipales, no solo tienen la capacidad legal para participar activamente en la investigación de los delitos, sino que la ley y la reforma constitucional de 2024, exigen que cumplan con esa función de forma profesional y autónoma, pero integrada al sistema nacional de justicia, siempre bajo la conducción del Ministerio Público. Lo que por supuesto, no están haciendo. Y sólo Dios sabe por qué.
Entonces, no. No hay excusas ni pretextos para que el combate a los grupos criminales y los resultados sean sólo de la federación. A menos —claro— que las instituciones encargadas de prevenir, investigar y procurar justicia en Tlaxcala, ya no sean tomadas en cuenta, no solo por su incapacidad operativa; sino porque ya fueron infiltradas y cooptadas por los grupos criminales con quienes mantienen un pacto de silencio, —lo que justificaría— sus constantes omisiones en la persecución de los delitos en la modalidad de delincuencia organizada. ¡Capisci!.
Bueno. Pues vaya Usted a saber qué intereses habrá para no entrarle al toro por los cuernos. Y que cada quien saque sus propias conclusiones, pero lo que sí es un hecho, es que: “tanto peca el que mata a la vaca, como el que le agarra la pata”, y para mí que…
¡Se tenía qué decir y se dijo!
Las breves de la semana…
Ni con un video —que circuló en redes sociales, en el que medio metro se avienta un tremendo zapateado en su cumpleaños-, los estrategas de comunicación social del gobierno del estado, han podido revertir la estrepitosa caída de Lorena Cuéllar Cisneros en las encuestas de opinión ciudadana. Ese tren ya partió desde hace muchísimo tiempo…
Otro que también anda en el sótano de la opinión pública, es “El Delfín del lorenismo y Nepo Baby de la Cleptocracia” que aspira a ser el relevo de la mujer más votada de toda la historia del mundo mundial. Pero, ni con toda la lanísima que ya le metieron a su campaña anticipada, logra despuntar en las encuestas de intención del voto. En fin…
Por cierto, cómo andarán los funcionarios del Ayuntamiento de Tlaxcala, con el tema de las violaciones a la ley electoral —esto, con relación a las aspiraciones de su jefe Alfonso Sánchez García—, que el Director de Cultura Vladimir Pompeller Prado, proporcionó un domicilio que no es el suyo, para ser notificado por la Unidad Técnica de lo Contencioso del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, respecto a un Procedimiento Ordinario Sancionador iniciado en su contra. No cabe duda, en el gobierno capitalino, hasta el más pelón se hace trenzas. Literal…
“El que es buey, hasta la coyunta lame”. Y si no me cree, pregúntenle al Alcalde de Santa Catarina Ayometla, que, sin importarle los temas de legalidad, intentó destituir a la Síndico Municipal, nomás por sus purítitos “Evos”. Sí, porque dice que quiere y puede y porque le da la gana, sin que se cumplan las causales legales y los principios de igualdad, proporcionalidad y debido proceso. A todo esto, ¿Qué dicen en el Congreso del Estado?. Pronto lo sabremos. Bueno, eso si es que no están atendiendo asuntos más importantes, como el poner cerraduras electrónicas a las puertas de los sanitarios de mujeres para hacerlos del uso exclusivo de las Legisladoras…
Hasta la próxima. Y ojalá para entonces Jakqueline Ordoñez Brasdefer, titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Tlaxcala, luzca más por sus recomendaciones emitidas a favor de los quejosos, que por sus llamativos atuendos…