Tlaxcala, tierra sin ley

Opinión de Isael Pérez Olivier

Para algunos, el linchamiento del presunto atacante sexual de una menor en el municipio de Nativitas, fue justicia divina. Para otros, constituye un atroz homicidio que debe ser esclarecido con la misma prontitud con la que los habitantes del lugar juzgaron, sentenciaron y ejecutaron la pena de muerte contra el sujeto al que señalaron como autor de la supuesta agresión. Se trata, sí, de un caso polémico que divide las opiniones, pero que bajo el amparo de la ley no debe dejar ningún rastro de impunidad. Y esto es así, porque el lamentable resultado de ese día, pone al descubierto no solo una psicosis colectiva que se desbordó a la primera provocación de una simple sospecha, sino también, la ineficacia de las instituciones encargadas de brindar seguridad y de procurar justicia, tanto a la víctima como a su victimario.

Y no. No se trata de un hecho aislado sino del octavo linchamiento consumado en lo que va de la administración Cuéllar, entre los que destaca, el acontecido en Zacatelco, hace exactamente un año y en el que perdieron la vida dos elementos de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana, que como ocurre en estos casos, no ha sido esclarecido por la Fiscalía General de Justicia a cargo de Ernestina Carro Roldán.

Sí. Damas, caballeros y personas de los géneros no binarios, tanto el linchamiento de un presunto culpable en Nativitas, como el de los dos policías que realizaban trabajos de inteligencia en Zacatelco, son historias paralelas que muestran no solo la desesperación de un pueblo que clama y hace justicia por propia mano ante el constante crecimiento de los delitos; sino también, hace evidente la pérdida de la confianza en las instituciones encargadas de garantizar el estado de derecho y reestablecer el orden y la paz social; así como, garantizar la certeza y la seguridad jurídica para las partes involucradas. Resultado de lo anterior, un pueblo que recurre a la venganza por justicia, solapado por un gobierno incapaz de actuar. 

En ésta, como en otras ocasiones, qué o quiénes fallaron en el linchamiento consumado. ¿A caso fue el protocolo de actuación?.  ¿O la policía municipal al no ajustar sus acciones al manual de procedimientos?. Peor aún, ¿La coordinación operativa de Perea Marrufo?. O incluso, ¿La negociación política de la Secretaría General de Gobierno a cargo del morelense Luis Antonio Ramírez Hernández?. Alguno, todos o ninguno.

Y lo pregunto, porque parafraseando al recién reaprehendido y trasladado a un penal de máxima seguridad, el exgobernador de Puebla, Mario Marín, que al referirse a los infractores de la ley en sus tiempos de gloria, decía: “al que comete un delito se le llama delincuente”, pues bien, en ese supuesto al parecer caen no solo el señalado por la supuesta violación, sino también, aquellos que a golpes asesinaron a una persona en la plaza pública, y por supuesto, el presidente municipal y su director de seguridad; así como, el Secretario de Seguridad Ciudadana del Estado, por la serie de omisiones registradas durante el desarrollo del evento. 

Ya hay un precedente sobre un hecho similar, me refiero al del expresidente de comunidad de San Pedro Tlalcuapan, quien ya fue sentenciado por idéntica responsabilidad penal. Vamos a ver si se aplica el mismo criterio para las autoridades de Nativitas, y si en esta ocasión la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros ya no exonera a Alberto Martín Perea Marrufo, y mínimo, le hace efectiva su renuncia al cargo porque hay un presunto violador muerto y porque sus asesinos se encuentran libres.

Al parecer Tlaxcala, es el único estado del país donde se prohíbe la desnudez de las bailarinas en los centros nocturnos, pero donde se toleran los linchamientos a plena luz del día. Claro, hablamos del mismo lugar donde ya no habrá “table dance”, pero que en el mapa criminal sigue siendo un punto de referencia de la trata de personas con fines de explotación sexual. ¡Ajá!, donde la doble moral dicta que no se van a tolerar los bailes exóticos porque se consideran violencia; pero sí, los circos romanos donde se puede acabar con la vida de las personas para el deleite del pueblo.

Lo hecho, hecho está.  El sujeto asesinado, culpable o inocente por el presunto ataque sexual de la menor, ya pagó con su vida. Ahora, toca el turno a la Fiscalía General de Justicia del Estado investigar y llevar ante un Juez a sus homicidas, porque nos guste o no, “La ley es la ley” y se tiene que hacer cumplir.

Si la administración Cuéllar no para esta bola de nieve, se le viene encima una avalancha de linchamientos. En fin…

¡Se tenía qué decir y se dijo!

Las breves de la semana…

Por cierto, alguien sabe si en esas dos horas de agonía del infortunado sujeto, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros interrumpió sus actividades para atender la crisis, o solo se limitó a recibir algunas llamadas telefónicas sobre los eventos y su fatal resultado; claro, montada cómodamente en su camioneta blindada.  Es más, alguien vio, si a Nativitas llegaron las torres telescópicas del C5i, esas que colocan en los grandes eventos para hacer gala de la tecnología que tenemos. O la tanqueta acorazada con la que han bañado a las manifestantes del 8M y que supongo por sus características estructurales puede abrirse paso por las barricadas.  Y qué me dicen de los sobrevuelos de los helicópteros que pudieron trasladar a los negociadores a la zona cero. ¿Los vieron?. ¿No?. Entonces, prácticamente sí lo dejaron morir…

Mientras el chofer de la Magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, Anel Bañuelos Meneses, recibe viáticos por el orden de los 5 mil pesos diarios para cubrir sus necesidades de alimentos; funcionarios del Poder Ejecutivo visitan otras entidades del país con la cartera vacía, por tal motivo, sugieren a sus invitados que paguen las cuentas de consumo en los restaurantes. ¡Carajo!. ¡Que pena!. Sobre todo porque esas reuniones son a petición de los representantes tlaxcaltecas. ¿Dónde quedaron los buenos modales y las buenas costumbres?…

Bien por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones que convocó a los representantes de los medios de comunicación a una reunión informativa respecto del singular proceso electoral local para renovar algunos cargos del Poder Judicial. ¡Okey!. Me queda claro que no todo está al cien por ciento para enfrentar el reto, pero hacen su mejor esfuerzo. Eso que ni qué…

La que ya anda en campaña abierta para colocar a su alfil como Magistrada del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, es la llamada cariñosamente por su gremio como “Mamá Lucha”, que no es otra que “Lupita”, como la conocemos los cuates, quien fiel a su estilo y desde el sindicato de burócratas, impulsa a la abogada que le lleva sus asuntos personales. Bueno, su comadre la mandamás del estado le dio el paso libre y su bendición a la tal “Licha”, ahora falta que Lupita y sus agremiados salgan a votar.  En fin.

Hasta la próxima…