COSA PÚBLICA… Tlaxcala: camionetas blindadas, opacidad y una comunicación que pisa candados
Opinión de Albino Rubio Moreno
El uso de camionetas blindadas por funcionarios públicos en Tlaxcala ha desatado un justificado escándalo. No solo por el elevado costo de estos vehículos, que contrasta con las urgentes necesidades de un estado con altos índices de pobreza, sino por la opacidad con la que se ha manejado el tema. Lo que debería ser una explicación sencilla y transparente sobre la adquisición y uso de estos recursos se ha convertido en un laberinto de evasivas, omisiones y una comunicación tan torpe que raya en lo absurdo.
Las legisladoras locales han sido claras en su exigencia de rendición de cuentas. Sin embargo, la respuesta del secretario de Seguridad Ciudadana, en una entrevista poco cuidada, lejos de aclarar el asunto, lo complicó aún más. En lugar de ofrecer datos concretos y justificaciones sólidas, optó por minimizar las inquietudes de los legisladores y evadir responsabilidades. Peor aún, su intervención opacó el informe de actividades del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), un evento que debería haber sido prioritario para un gobierno que dice enfocarse en el bienestar social.
Pero el problema no se limita a la falta de transparencia en el uso de recursos públicos. La estrategia de comunicación del gobierno de Tlaxcala en este caso ha sido, por decir lo menos, desastrosa. En lugar de abordar el tema con seriedad y anticipación, el área de comunicación prefirió ignorar las demandas de rendición de cuentas en un espacio formal como el Congreso Local y optó por una entrevista mal planeada y peor ejecutada. Este enfoque no solo refleja una falta de profesionalismo, sino también un desdén hacia la ciudadanía y sus representantes. No es de extrañar que, con este nivel de ineptitud, al responsable de esa área ya le hayan colgado el mote de “Tontavio”.
Las camionetas blindadas, cuyo costo asciende a millones de pesos, son un símbolo de un problema más profundo: la opacidad en el manejo de los recursos públicos y la falta de priorización en áreas urgentes como la seguridad ciudadana, la educación y la salud. En un estado como Tlaxcala, donde los índices de violencia no justifican la necesidad de tales vehículos para funcionarios, resulta difícil entender por qué se destinan fondos a este tipo de gastos en lugar de invertirlos en programas sociales o infraestructura básica.
Las autoridades tienen la obligación de rendir cuentas y demostrar que los recursos públicos se utilizan de manera eficiente y en beneficio de la población. Hasta ahora, lo único que ha quedado claro es que hay más interés en proteger la imagen de los funcionarios que en garantizar la transparencia y el buen uso del erario. Este caso debe servir como una llamada de atención para el gobierno de Tlaxcala. La ciudadanía merece respuestas claras y contundentes, no evasivas ni justificaciones mediocres.
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