Por Martín Ruiz
La seguridad en la entidad mejoró, sigue igual o empeoró con la llegada de los nuevos presidentes y presidentas municipales de Tlaxcala, quienes por ley están obligados a designar a un director de la policía certificado y contar con elementos en activo evaluados para desempeñar el cargo.
En lo personal creo que la seguridad sigue siendo un problema que ni el gobierno federal, estatal o municipal han podido contener y enfrentar adecuadamente, porque sencillamente los hechos delictivos se encuentran desbordados, lo cual es una realidad que no se puede negar o esconder por más que se quiera.
A casi cien días de que las nuevas administraciones municipales asumieron sus cargos, aún hay municipios como San Damián Texoloc, Contla, Ayometla y Santa Cruz Tlaxcala que cuenta con un director de la policía municipal sin ser evaluado y certificado.
A lo anterior hay que sumar que hay otros seis municipios: Acuamanala, Cuapiaxtla, Lázaro Cárdenas, Axocomanitla, Tetlatlahuca y Tlaxco cuyos responsables de los policías están en proceso de evaluación.
Sin embargo, la medida de exigir la certificación a los jefes policiacos puede demostrar que las autoridades estatales están trabajando para mejorar la seguridad pública, pero no necesariamente lo anterior se está traduciendo en mejores resultados o en un combate más decisivo o eficiente contra las bandas criminales.
Por ejemplo, en Apizaco el alcalde abarrotero designó a un marino como director de la policía municipal, José Ramón Jacques Mena, lo cual lejos de implicar una mejora en la seguridad, ésta empeoró porque se recrudecieron los asaltos violentos en casas, negocios y transeúntes, evidenciando que el funcionario municipal es incapaz y que su jefe está más concentrado en hacer negocios para beneficiar a su familia y sus cuñados.
Y no crea que la inseguridad es exclusiva de la capital del crimen como se conoce al mal gobernado Apizaco, ya que en la ciudad de Tlaxcala también está incontrolable la delincuencia porque lo mismo se entera que un día asaltan con violencia a un repartidor, que al otro a un trabajador de un ganadero que llevaba dinero para comprar alimento fue despojado con armas de fuego de los recursos y que al otro se supo que atracaron a un adulto mayor en su casa o que en otro más balearon a dos jóvenes.
Los alcaldes y las alcaldesas deben apretar el paso, redireccionar acciones, cambiar estrategias y replantear programas, porque en diciembre habrán consumido los primeros cuatro meses de los 36 que tienen para concretar y cumplir con sus promesas de campaña.
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