Señorío Tlaxcalteca… La demencia que no oculta la campaña ilegal
El colapso silencioso del Poder Judicial
Historia de
En México solemos explicar la crisis de la justicia a partir de dos diagnósticos recurrentes: la corrupción y la impunidad. Ambos existen y deben enfrentarse. Sin embargo, hay una causa igual de profunda y menos visible que rara vez se asume con seriedad. Hablo de la incapacidad institucional del Poder Judicial para cumplir la Constitución. No siempre es que los jueces actúen negligentemente o con corrupción. En muchos casos, el sistema está diseñado de tal manera que impartir justicia resulta materialmente imposible.
La Constitución es clara: la justicia debe ser pronta, completa e imparcial. No es una promesa política ni un ideal retórico, sino una obligación jurídica exigible. Sin embargo, en la práctica, los plazos legales se han vuelto referencias simbólicas. Procedimientos diseñados para ser ágiles se proyectan a años y audiencias se señalan con distancias temporales que vacían de contenido la tutela judicial efectiva. Cuando esto ocurre de forma generalizada, el problema deja de ser jurisdiccional y se convierte en un problema de diseño del Poder Judicial. La dilación judicial suele explicarse como una falla individual del juzgador. Esa explicación es cómoda, pero equivocada. Los jueces no deciden cuántos juzgados existen, cuántos secretarios los auxilian ni con qué recursos materiales cuentan. Tampoco determinan el presupuesto ni la política de expansión judicial.
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