Opinión de Carlos Marín
El oficialismo quiere que las reformas constitucionales que pergeñe sean inatacables por el Poder Judicial de la Federación: tuvo la ocurrencia de proponer modificaciones a cuatro artículos, pero, en un arranque de mañosa “generosidad”, renunció a despedazar el Primero, que ampara los derechos humanos y el acceso a la justicia derivados de las convenciones firmadas por el Estado mexicano para fabricarse funciones extraordinarias que conducirían a una descarada tiranía “constitucional”.
Adán Augusto López dijo a Ciro Gómez Leyva que la “garantía” de que no lo harán son “los principios” que Morena pregona, pero la presión social, de especialistas y lo que queda de la oposición, exhibió la salvajada que implica su pretensión.
Con ese “favor”, sin embargo, no desaparecen las otras modificaciones que proyectan para chatarrizar la justicia y dinamitar la separación y el equilibrio de los Tres Poderes.
La reforma que buscan haría inatacable tanto el proceso legislativo como cualquier otra reforma.
Temen lo que en rigor procede: que la Suprema Corte de Justicia eche para atrás la peligrosa y regresiva reforma al Poder Judicial heredada de López Obrador.
Su iniciativa es un reconocimiento implícito de que la Corte sí tiene facultades para revisar su reforma y saben que es perfectamente procedente declararla inconstitucional porque ha sumido al país en una grave crisis constitucional pero, como en un pantano, entre más se mueven más se hunden.
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