Justicia bajo sospecha
Al tiempo que la presidenta Claudia Sheinbaum tuiteara que “las mujeres ya no lloran”, en referencia al evento cultural del año en el Zócalo capitalino, decenas de personas siguieron buscando justicia para algunas víctimas en la Zona Metropolitana que ni siquiera tuvieron oportunidad de volver a llorar.
Tal es el caso de la familia de Renata Palmer, cuyo feminicidio puso al descubierto las grietas de un sistema judicial que parece más interesado en proteger privilegios que en garantizar la verdad.
Renata fue asesinada en octubre de 2025 en un conjunto residencial de Atizapán de Zaragoza. El agresor, Rodolfo “N”, conocido como “El Wero Bisnero”, fue detenido tras el crimen. Sin embargo, lo que debería ser un proceso penal ejemplar se ha transformado en una batalla contra la reclasificación del delito.
A pesar de la evidencia de una relación sentimental y la brutalidad del ataque, las autoridades han intentado calificar el hecho como homicidio y no como feminicidio. Y no, no se trata sólo de un tecnicismo. Esta distinción tiene una implicación profundamente política, pues podría reducir la pena del agresor y desestimar las agravantes de género.
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