-
Amenazas y agresiones: Se han registrado numerosos casos de amenazas, agresiones, secuestros y asesinatos dirigidos a personas personas funcionarias electorales, precandidatas y candidatas.
-
Financiamiento ilícito: recursos públicos y privados que de manera ilícita se introducen en las campañas, pero también del crimen organizado. De acuerdo, por ejemplo, con diversos medios de impugnación ante el órgano jurisdiccional en materia electoral federal, este financiamiento ha estado involucrado en campañas, proporcionando recursos económicos para influir en los resultados electorales. Los partidos deben tener las herramientas y ser los primeros responsables de no aceptar el dinero de la delincuencia organizada en las elecciones.
-
Imposición de candidaturas: El riesgo más latente parece ser la probable injerencia del crimen organizado en la selección de candidatas y candidatos dentro de los partidos políticos. Aquí los partidos políticos deben ser el primer filtro de impedir el registro de candidaturas relacionadas al crimen organizado.
-
Manipulación del voto: Se han utilizado tácticas como la entrega de despensas, tarjetas con diversos beneficios y dinero en efectivo, así como amenazas, para alterar la participación electoral en beneficio de candidaturas criminales, situación que irrumpe la certeza en la competencia electoral, envenena al sistema democrático y puede inhibir la participación de las personas electoras.
- La columna completa, aquí:
- La gravedad de que el crimen organizado se infiltre en elecciones: un llamado a la acción