Opinión de Jorge Fernández Menéndez
La administración Sheinbaum ha perdido, cuando aún no lleva un mes en el gobierno, la narrativa por querer convertir a la presidenta Sheinbaum en una mera continuadora, una suerte de réplica discursiva de López Obrador, y en ese sinsentido ha chocado con un reforma judicial que, en esos términos y forma, no estaba en la agenda de la presidenta que había, originalmente, dicho que se tomaría un tiempo para alcanzar un acuerdo en torno a ella.
No fue así, me imagino que es por las presiones del ex presidente y sus cercanos, y se siguió con una reforma judicial (y con todo el paquete de reformas que había presentado López Obrador en febrero pasado, el llamado Plan C) que está hasta mal redactada, que no beneficia estratégicamente en nada a su gobierno y que sólo le generará costos.
Nada de lo que se ha hecho con la reforma judicial tiene sentido: desde este diciembre, con la conclusión del periodo del ministro Luis María Aguilar, la administración Sheinbaum, con la elección de su reemplazante, hubiera tenido ya el control de la Suprema Corte en temas constitucionales y a mitad de su mandato el control de la Corte en sí misma. Incluso hubiera podido forzar movimientos adicionales porque contaba, cuenta, casi con la suma del poder público.
Decidieron ir por una reforma que no sólo no da certidumbre, sino que nos pone incluso en ridículo: la presidenta se enojó por las burlas en la escuela de leyes de Harvard, pero no “se reían de los mexicanos” (esa incomprensible convicción en la 4T de que ellos son sinónimo del pueblo) sino de una reforma que, como dijo el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, establece como condiciones para ser ministro de la Corte tener ocho de promedio en la carrera y tener cinco cartas de recomendación. Nada más. Es de pena ajena, pero eso es lo que dice la reforma, de eso se reían en Harvard y lo siguen haciendo en muchos otros espacios judiciales.
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