La prueba, el chantaje y la capitalización de Claudia Sheinbaum
Opinión de Alexandro Méndez
En un pequeño taller mecánico de Sinaloa, don Ernesto revisa el motor de una camioneta blindada. No pregunta mucho, solo hace su trabajo. Sabe que, en su pueblo, el silencio es la mejor forma de sobrevivir. Esa misma camioneta, días después, cruzará la frontera con Estados Unidos, donde un comprador anónimo pagará en efectivo y, a cambio, enviará un arsenal de rifles de asalto y municiones. Meses más tarde, esas mismas armas regresarán a México, esta vez en manos de sicarios que disputan el territorio. La espiral de violencia se alimenta en un circuito perverso donde las balas llevan sello estadounidense y la sangre se derrama en suelo mexicano.
Este no es un caso aislado, es el retrato de una realidad innegable, la crisis de seguridad en México no solo es interna, sino que está estrechamente ligada a factores externos, principalmente al tráfico de armas provenientes de Estados Unidos. Por eso, cuando el gobierno de aquel país designó a los cárteles mexicanos como grupos terroristas, la respuesta de Claudia Sheinbaum no se hizo esperar. Con la aprobación de dos nuevas leyes, la presidenta envió un mensaje claro, México no permitirá injerencias externas en su política de seguridad y tomará sus propias decisiones para combatir el crimen organizado.
En términos de narrativa, Sheinbaum está jugando bien sus cartas. Frente a la presidencia de Donald Trump, que ha prometido “eliminar” a los cárteles incluso con intervención militar, la estrategia de la mandataria busca reforzar su liderazgo y proyectar firmeza. La tipificación del tráfico de armas como delito grave es un paso importante, pero también es una jugada política que le permite marcar límites ante Washington y, al mismo tiempo, legitimarse ante la opinión pública.
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La prueba, el chantaje y la capitalización de Claudia Sheinbaum