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Las piezas del rompecabezas criminal empiezan a encajar
Hasta hoy no hay una sola señal de que la justicia en México no esté bailando al son que se toca desde Palenque, Chiapas, donde el expresidente Andrés Manuel López Obrador construyó su búnker para refugiarse de los escándalos que lo mantienen en el centro de la polémica.
Ni Segalmex, ni el fraude de los medicamentos —o la falta de los mismos—, ni el derroche de dinero en sus obras faraónicas —con todo y sus fallas— ha sido motivo de escrutinio por parte de las autoridades. Mucho menos lo ha sido el Rancho Izaguirre, aquel campo de exterminio operado en Teuchitlán, Jalisco, del cual no se ha dado mayor explicación, apostando a que lo olvidemos (estrategia bien conocida de las autoridades).
¿Esperamos realmente que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, cumpla con su deber? Lo dudo, y deseo equivocarme, pero los hechos son tercos.
Por ejemplo: aunque, según la FGR, el huachicol fiscal se investiga desde hace dos años, su titular no ha tenido el valor de llamar a declarar a ninguno de los López: ni a Adán Augusto —senador morenista y exgobernador de Tabasco—, ni a AMLO, ni a sus hijos Gonzalo —“Bobby”—, José Ramón o “Andy”.
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