Señorío Tlaxcalteca… El aplausómetro de las mamás morenistas
Opinión de Javier Martín Reyes
Hoy pagamos el precio de la irresponsabilidad: una reforma que es un desastre jurídico, social y operativo
Desconozco quién redactó la iniciativa de reforma judicial presentada por el expresidente López Obrador y aprobada (con modificaciones) por los poderes legislativos. Pero algo es claro: quienes lo hicieron no entendían ni el sistema electoral ni el poder judicial. Estamos frente a una reforma que no solo viola derechos y principios constitucionales fundamentales, sino que es impracticable en sus propios términos.
La última prueba de su improvisación y pésimo diseño es la solicitud, supuestamente realizada por el INE, para “prorrogar” la jornada electoral del próximo año. Aunque se argumenta que más de 300 suspensiones judiciales han frenado el proceso, culpar exclusivamente al Poder Judicial de la Federación sería una excusa irresponsable y francamente deshonesta.
Las suspensiones se han dictado porque esta reforma está plagada de vicios de forma y de fondo. Dos ejemplos lo ilustran con claridad. Primero, la destitución masiva de personas juzgadoras federales —la mitad en 2025 y la otra en 2027— destruye uno de los pilares de la independencia judicial: la inamovilidad en el cargo y la protección frente a remociones arbitrarias. Segundo, el proceso para seleccionar candidaturas es un absurdo: exige, entre otras ocurrencias, un ensayo de tres cuartillas, cinco cartas de recomendación y un promedio general de 8.0 y de 9.0 en las “materias relacionadas con el cargo”, lo que sea que esto signifique. Nada de esto cumple con las garantías de un proceso de nombramiento adecuado.
La columna completa, aquí:
