El Bestiario…Tlaxcala: Una crisis que no acaba: Las blindadas.
Opinión de Edgar García Gallegos
Este martes, el gobierno de Lorena Cuéllar presumió con bombo y platillo la compra de 89 nuevas patrullas. Las alinearon como escenografía perfecta para una foto panorámica que sirviera de golpe publicitario en materia de seguridad pública. Todo, con la intención de apaciguar la creciente percepción de inseguridad que se vive —y se sufre— en las calles de Tlaxcala.
La pregunta obligada es: ¿por qué no hicieron lo mismo con las diez camionetas blindadas? ¿Por qué no una imagen espectacular para lucirlas al público, con la misma teatralidad?
Porque no se puede presumir lo que se quiere ocultar.
Hay decisiones de gobierno que no solo desafían la lógica presupuestal, sino que exhiben con brutal claridad las verdaderas prioridades de quienes ocupan el poder. Tlaxcala, un estado que se jacta de ser uno de los más seguros del país, vuelve a estar bajo la lupa nacional por una compra que sigue oliendo a opacidad: diez camionetas blindadas Chevrolet Suburban High Country, adquiridas por adjudicación directa y sin licitación, por más de 56 millones de pesos.
Cuando se pensaba que la crisis de las blindadas había quedado atrás, la Comisión Anticorrupción y Transparencia del Senado, presidida por el senador Francisco Daniel Barreda Pavón, de Movimiento Ciudadano, reactivó el tema y analiza exhortar al gobierno de Lorena Cuéllar a rendir cuentas. No es un asunto menor. Se trata de una compra millonaria, sin concurso público, que benefició directamente a la empresa Epel, S.A. de C.V., con sede en la Ciudad de México. Una operación que fue ocultada hasta que periodistas poblanos lograron obtener los documentos mediante solicitudes de transparencia.
Y entonces surgen más preguntas que respuestas:
¿Cómo es que un estado “tan seguro” como Tlaxcala necesita vehículos con blindaje de alto nivel?
¿Por qué el propio secretario de Seguridad Ciudadana, Alberto Perea Marrufo, asegura no tener ni una sola de estas camionetas?
¿Quién las usa? ¿Con qué fin? ¿Y bajo qué justificación?
Estas dudas, lejos de disiparse, se multiplican. Como también crece la indignación ciudadana.
En el Congreso local, la oposición ha alzado la voz. La diputada del PRD, Blanca Águila Lima, calificó la adquisición como un «lujo ofensivo». Y lo es. En un estado donde aún hay comunidades sin agua potable, escuelas con techos a punto de caer y centros de salud vacíos, blindar a unos cuantos no solo es un exceso: es un insulto.
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