Señorío Tlaxcalteca… Armando Contreras no garantiza la imparcialidad
La incómoda imagen del indígena empoderado
Opinión de
La elección de Hugo Aguilar Ortiz, abogado mixteco, formado en la defensa de comunidades agrarias y derechos indígenas, como ministro y próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación saca de quicio a muchos por la simple razón de lo que representa: el ascenso de alguien que, en la lógica krauziana de la historia, debió quedarse abajo, lejos del vértice del poder.
Para sectores de la oposición y de la élite judicial, mediática y empresarial, ver a un indígena en la cúspide del sistema judicial es una afrenta. Les irrita que alguien con origen humilde ocupe un lugar reservado durante siglos a los mismos apellidos, a la misma clase, al mismo color de piel. El racismo y clasismo no siempre se gritan, se deslizan en preguntas “técnicas” o en críticas a su cercanía con el gobierno federal, como si eso fuera más escandaloso que la larga tradición de jueces al servicio del poder económico.
Pero lo que más les incomoda es la posibilidad de una Corte que escuche a los “nadie”. Porque en este país, cada vez que los pueblos originarios han querido ejercer autonomía, actuar con dignidad o simplemente ser reconocidos, el Estado ha respondido con represión. Ahí está Acteal: el 22 de diciembre se cumplirán 28 años de la masacre de 45 indígenas tzotziles por grupos paramilitares en Chiapas; hoy en impunidad, ya que ni los autores materiales o los autores intelectuales, han sido juzgados, alcanzando este manto protector hasta al entonces presidente Ernesto Zedillo, contra quien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mantiene viva una demanda por delitos de lesa humanidad; no obstante, un mala leche hiperactivo lo ha bautizado como “el verdadero hijo del 68”.
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