El Bestiario | El privilegio disfrazado de víctima en Tlaxcala
Opinión de Edgar García Gallegos
El pasado 7 de mayo, la empresa Autobuses Puebla, Tlaxcala, Calpulalpan y Anexas protagonizó un nuevo acto de simulación: bloqueos, pancartas y gritos de “¡basta de hostigamiento!” para disfrazar lo que, en el fondo, era una rabieta de quienes por años usufructuaron el transporte público como si fuera una herencia familiar.
Dicen defender sus derechos. Pero lo que en realidad exigen es la perpetuación de sus privilegios, no del interés colectivo. Y cuando la ley les toca la puerta, no responden con legalidad, sino con acarreados, amenazas y falsos mártires.
La familia Tuxpan Meneses, que ha convertido la empresa en feudo, no está siendo perseguida: está, por fin, siendo observada. Y eso, en un estado como el de Tlaxcala, acostumbrado a mirar hacia otro lado, ya es una victoria ciudadana.
El verdadero escándalo no son los bloqueos, sino lo que ocultan: exsocios con miedo a hablar, permisionarios hartos del autoritarismo interno, rutas operando al margen de la ley, y usuarios expuestos todos los días a un transporte ineficiente, inseguro y decadente.
Esos camiones oxidados que rugen por la Tlaxcala–Puebla no solo transportan personas: arrastran la historia de una impunidad que ha durado décadas. Choferes sin capacitación, unidades sin frenos, denuncias que no avanzan. Todo eso fue posible porque el gobierno permitió que esa empresa creciera, no por mérito, sino por omisión.
Y es que, más allá de los conflictos internos entre socios —que han derivado en la salida de 87 permisionarios y el anuncio de al menos 36 más que buscan separarse por malos tratos, corrupción y abandono administrativo—, lo cierto es que la empresa se ha caracterizado por ofrecer un servicio deplorable.
Las quejas de la ciudadanía son constantes y fundadas. Basta con darse una vuelta a la carretera Tlaxcala–Puebla (Ruta 119), donde se constata que las unidades son viejas, están en malas condiciones mecánicas y son operadas por choferes sin la capacitación adecuada, que además manejan a exceso de velocidad y en abierta violación a la Ley de Comunicaciones y Transportes.
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