Árbitro inquisidor: el INE contra la prensa

Uno de los mejores ejemplos del deterioro que vive el Instituto Nacional Electoral (INE) es el acoso que ha emprendido en contra de periodistas. Como si no hubiésemos tenido la elección menos democrática de la historia, como si no existieran irregularidades flagrantes que ameritaran investigaciones serias, la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) ha preferido desplegar requerimientos abiertamente inconstitucionales: que violan derechos, que inhiben el periodismo y que, en el colmo del absurdo, intentan obligar a periodistas a revelar sus fuentes. Que el INE de hoy no persiga a quienes cometen ilícitos electorales, sino a quienes los exhiben, ya debería ser un escándalo. Pero lo verdaderamente alarmante es que no lo es.

Lo que está haciendo el INE viola, de forma abierta y directa, la Constitución. Un ejemplo lo dice todo: a finales de mayo, la periodista Laura Brugés publicó un tuit con dos fotografías que mostraban la posible distribución de “acordeones” en la alcaldía Gustavo A. Madero, presuntamente en favor de un candidato. Un mes después, el 27 de junio de 2025, recibió un requerimiento formal de la Unidad Técnica de Fiscalización. Así de claro: en el México del INE, exhibir una trampa puede resultar más gravoso que cometerla.

La redacción del documento es peculiar. En un primer momento se afirma que el requerimiento se hace “en un ánimo de colaboración”, como si se tratara de un acto voluntario. Pero en los párrafos siguientes aparece el verdadero contenido: se le exige a la periodista que revele la fuente de su publicación. “Colaboración”, en el diccionario de la UTF, implica la obligación de revelar información constitucionalmente protegida.

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