Tabasco: conflicto en casa

Que a nadie le quede duda: la profunda crisis en la que se encuentra el aún coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, por la designación como secretario de Seguridad en Tabasco de su amigo de tres décadas prófugo de la justicia, acusado de haber sido el presunto líder del crimen organizado cuando gobernó, es culpa directa de Andrés Manuel López Obrador, quien pensó que una vez fuera de la Presidencia, podría seguir manejando todos los hilos del poder. La sobrestimación de sus capacidades lo tiene también a él como un daño colateral de este nuevo episodio de la narcopolítica en Morena.

López Obrador ignoró el deseo de Adán Augusto, en cuya casa vivió cuando regresó de Veracruz donde su madre lo escondió por una tragedia familiar en Macuspana, y le entregó la gubernatura a uno de sus enemigos, Javier May, que lo acompañó en sus luchas políticas en Tabasco desde los 80’s hasta Palacio Nacional, y cuya facción se enfrentó con el senador, que llegó tarde al movimiento. May llegó a la gubernatura el mismo día que López Obrador dejó la Presidencia, y pronto empezó a pedir cuentas al exgobernador y a quien lo sustituyó, Carlos Merino, por haber permitido que el crimen organizado se asentara en el estado.

May tenía razones para indignarse. Recibió un estado con un incremento de 308% de homicidios dolosos, preámbulo de un cambio de poder -y de grupo político-, donde los acuerdos con las organizaciones criminales, quedó claro, no se renovaron. López Obrador no estaba al margen de lo que sucedía. Siempre negó que hubiera vínculos de los exgobernadores con el crimen organizado, y en vísperas de concluir su sexenio, comprometió a su sucesora a no actuar contra 10 cercanos, para quienes sugería inmunidad e impunidad. La lista la encabezaba Adán Augusto, y seguían Octavio Romero Oropeza, quien era el jefe de la facción donde estaba May; poco más abajo figuraba Merino, el gobernador sustituto.

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