Señorío Tlaxcalteca… De mal en peor
Opinión de Martín Ruiz
De que sirvió tanta parafernalia que se hizo y se montó para disque llevar a la ley a los presuntos responsables de un linchamiento registrado en la comunidad de San Pedro Tlalcuapan del municipio de Chiautempan, si el gobierno lorenista y la ex Procuraduría General de Justicia del Estado hoy convertida en Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala fracasaron y quedaron en ridículo con la liberación de uno de los supuestos culpables, Saúl Rosales Meléndez, quien había recibido una sentencia de 20 años de prisión.
El hecho trágico ocurrido el pasado 15 de abril de 2022 cuando la población detuvo a un presunto ladrón al que golpearon y después le prendieron fuego, fue solapado por los policías estatales que asumieron el papel de meros espectadores bajo el mando del representante de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala, Guadalupe Ballesteros Arellano.
Después de ese lamentable suceso, la entonces PGJE tardó varios meses en investigar los hechos para después solicitar a un juez penal tres órdenes de aprehensión contra igual número de personas que, según las autoridades, incitaron y participaron en el linchamiento.
Entre los detenidos se encontraba Saúl N. y Raymundo N., quien después de permanecer por unos meses en el penal fue liberado al no comprobarle ninguna responsabilidad en el ilícito que supuestamente cometió.
Ayer, los magistrados Francisco Ballesteros González, José Luis Moya Flores y Alejandro Bernal Valdés del Tribunal Colegiado dictaron por unanimidad un amparo favorable a Saúl Rosales, con lo cual se ordenó su liberación inmediata del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala (Cereso) donde permaneció por casi tres años.
De acuerdo con la defensa legal de Saúl Rosales, se pudo acreditar la existencia de vicios de fondo y omisiones procesales en el expediente que originó la privación de libertad del acusado, lo que sin duda demostraría que el trabajo del Ministerio Público (Nancy García Islas), de la Procuraduría General de Justicia del Estado, del Tribunal de Enjuiciamiento del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer (Aída Báez Huerta, Rossana Rubio Marchetti y Olivia Mendieta Cuapio) y el magistrado (Pedro Sánchez Ortega) que atendieron el caso fue deficiente o por consigna.
Pareciera que en ese asunto se actuó y se trabajó por una instrucción superior y que se intentó fabricar culpables, prueba de ello es que ninguno de los detenidos y acusados de la muerte del varón que se llamaba Alfredo Bautista Salgado permanece en la cárcel, de ahí que su fallecimiento sigue sin castigo.
La columna completa, aquí:
