Maru perseguida y Rocha solapado
En el México de la llamada “4-T”, la justicia se mide con raceros distintos.
En el primer caso, la persecución política se disfraza de justicia y se aplica a “rajatabla”.
Y en el segundo caso, la impunidad a ultranza se viste con los ropajes de la complicidad y la simulación.
Es decir, que el “narco-régimen” dictatorial de Morena persigue políticamente a los adversarios, como la gobernadora de Chihuahua, mientras que se exhibe complaciente con uno de los suyos, el ex gobernador de Sinaloa.
Pero lo cierto es que detrás de ese doble racero no hay más que la confirmación de que el partido en el poder es un verdadero “narco-partido” y que el gobierno de Claudia Sheinbaum es un “narco-gobierno”.
Por eso, desde Palacio se ordenó una feroz persecución política contra Maru Campos, mandataria estatal de Chihuahua quien deberá comparecer ante el Ministerio Público, por cometer “el pecado capital” de cumplir con su mandato; acompañar la persecución de las bandas criminales en su entidad.
Sin embargo, y como para “taparle el ojo al macho”, también desde Palacio se ordenó la simulación de convocar ante el Ministerio Público – “para una entrevista”-, a Rubén Rocha Moya, mandatario estatal de Sinaloa, con licencia.
En pocas palabras, resultan evidentes no sólo el doble racero –disfrazado de justicia–, sino las perversas intenciones políticas en cada uno de los casos.
Pero vamos a los hechos.
Lo primero que debemos recordar es que hace poco más de un mes, fue noticia global el hallazgo y desmantelamiento –en la Sierra de Chihuahua–, de uno de los más grandes laboratorios de drogas sintéticas.
Se informó que en dicho hallazgo participaron efectivos de la DEA norteamericana, junto con policías mexicanos.
Lo ridículo del asunto es que, en lugar de felicitar al gobierno de Chihuahua por la efectiva persecución contra el crimen, desde Palacio salió una feroz persecución contra la gobernadora Maru Campos, a quien se acusó de poner en riesgo la soberanía nacional por permitir la intromisión de policías estadounidenses en México.
En el fondo, lo que buscan el partido oficial y la propia señora presidenta, es “descarrilar” la exitosa gestión de la gobernadora de Chihuahua, quien –hoy por hoy– es una de las más aventajadas presidenciables para el 2030.
Pero, además, desde Palacio se manda el mensaje a sus aliados del crimen organizado, de que el gobierno federal no tolerará que ningún mandatario estatal “se salte las trancas” como ocurrió con la gobernadora panista de Chihuahua.
Por eso, la Fiscalía General de la República citó “a comparecer” a Maru Campos, mandataria estatal de Chihuahua, además de al exfiscal estatal, César Jáuregui.
Pero a la “comparecencia” –que fue calificada como persecución política por el expresidente Calderón y por la dirigencia del PAN–, fue acompañada de una solicitud de “entrevista” –ante el Ministerio Público–, para el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya y otros 9 funcionarios y exfuncionarios que según el gobierno de Estados Unidos estarían ligados con el crimen organizado.
Por qué en un caso se exige “comparecencia” y en el otro una “entrevista”.
Porque el caso de la gobernadora de Chihuahua es una persecución política con un mensaje de “castigo ejemplar”.
Y el caso del gobernador de Sinaloa con licencia, es una simulación y el mensaje de que sí y sólo sí, los aliados criminales de los gobiernos de Morena tienen garantizada la impunidad total.
Al tiempo.
