La lista que el poder no quiere ver
El pasado domingo, con el pretexto de una celebración -aunque poco haya que celebrar- por el segundo aniversario del triunfo electoral de Claudia Sheinbaum Pardo, quedó confirmado algo que en México se convirtió en regla: desde 2018, Palacio Nacional funciona también como un cuartel permanente de campaña de Morena. Ya no hay frontera clara entre gobierno, partido y propaganda. Y el mensaje emitido desde el poder fue tan político como inequívoco.
La presidenta convocó a la movilización territorial con una frase que no admite matices: “Los convoco a que, a partir de la próxima semana, vayamos a las plazas públicas a realizar asambleas informativas, repartir volantes y periódicos e informar al pueblo de que: ¡La patria no se vende! ¡La patria se ama y se defiende!”. La cita, ampliamente difundida por medios nacionales, no puede leerse como un gesto inocente de participación cívica, sino como la respuesta política de un oficialismo cercado por señalamientos cada vez más graves.
En realidad, no se trata solo de una narrativa de defensa de la soberanía, es más bien el intento del régimen por modificar la conversación pública en medio de una crisis que ya rebasó el discurso. El caso de Rubén Rocha Moya abrió una grieta inocultable para el gobierno.
Tras solicitar licencia, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo señalara, junto con otros funcionarios, por presuntos vínculos con el crimen organizado y por una posible solicitud de captura con fines de extradición, el despacho presidencial asumió una defensa política del sinaloense. Posteriormente, la FGR informó que pediría más pruebas a Washington antes de actuar. Ello ocurrió pese a que, desde 2021, diversas denuncias públicas habían sido desatendidas.
En Estados Unidos, el expediente se expandió. Reportes periodísticos basados en una investigación de Los Angeles Times y retomados en México señalaron que ese país investiga también a Alfonso Durazo, gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional de Morena, así como a Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, a quienes les retiraron las visas.
Desde luego, toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia. Toda acusación, además, debe sostenerse con pruebas. Sin embargo, una cosa es exigir debido proceso y otra muy distinta utilizar la bandera de la soberanía como escudo automático para blindar a cuadros políticos del oficialismo. Cuando las alertas se multiplican, los nombres se repiten y las investigaciones apuntan a zonas de poder cada vez más altas, la obligación de un gobierno democrático no es cerrar filas, su deber es abrir expedientes, transparentar información y deslindar responsabilidades, cosa que se ve muy difícil que suceda en los gobiernos morenistas.
El oficialismo ha optado por otra ruta: la victimización, la agitación partidista y el repliegue discursivo en torno a una soberanía invocada selectivamente. Esa postura resulta insostenible si se pretende afirmar que la defensa de la soberanía nacional consiste en proteger a funcionarios señalados. En términos institucionales, la obligación es garantizar que ningún grupo criminal capture instituciones, financie campañas o condicione gobiernos.
Por eso resulta especialmente reveladora otra frase de la presidenta: “Porque primero, hay que tenerlo claro: vienen por unos, luego por otros…”. En su versión más amplia, Sheinbaum advirtió que, de permitirse estas acciones, “las oficinas del Departamento de Justicia se vuelven el principal elector de México”. La gravedad de esa declaración no está solo en el tono, sino en lo que sugiere: que, frente a los señalamientos, la prioridad política no es esclarecer, sino resistir corporativamente. En ese contexto, si desde la Presidencia se anticipa que habrá más nombres, más expedientes y más señalamientos, la respuesta institucional tendría que ser una sola: investigación exhaustiva, cooperación legal, rendición de cuentas y castigo a quien resulte responsable. Lo contrario equivale a normalizar que el poder político y el crimen organizado convivan bajo un mismo techo de impunidad. La lista de señalados que el poder no quiere ver, todo indica, crecerá. No porque lo dicte un interés extranjero, sino porque durante demasiado tiempo en México se confundieron lealtad partidista, protección política y encubrimiento. El país no puede seguir construyendo un camino de impunidad en el que cada denuncia se responda con propaganda, cada cuestionamiento con victimismo y cada indicio con una muralla de poder. Si de verdad se quiere defender a la nación, hay que empezar por impedir que el crimen siga encontrando refugio en la política. Esa es la batalla urgente. Y esa, a diferencia de los discursos, no admite simulación. POR ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ POLÍTICA Y ACTIVISTA @ADRIANADAVILAF
