Delincuencia organizada, poder político y simulación democrática
Opinión de Isael Pérez Olivier
Quien tenga ojos para ver, que vea; y quien tenga oídos para oír, que oiga. Pero, la reciente acusación del gobierno de los Estados Unidos de Norte América contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa y nueve personas más, por presuntos vínculos con el narcotráfico, no es un hecho aislado ni un episodio que pueda minimizarse como un simple señalamiento carente de pruebas de un gobierno extranjero. —Es, más bien— una de las más severas denuncias internacionales que un país puede recibir, respecto de su sistema político que ha normalizado la convivencia con el crimen organizado y que, bajo el manto de la Cuarta Transformación, reproduce las mismas prácticas de corrupción y simulación que juró desterrar pero que se recrudecieron —lo mismo en Sinaloa con Rocha que, en Tlaxcala con Cuéllar—, o en el resto de México con las autoridades que resultaron electas por Morena en las elecciones de 2021. Todas ellas, ahora bajo sospecha razonable de haber sido fruto de un pacto criminal y financiadas con dinero ilícito.
Sí. Damas, caballeros y personas de los géneros no binarios, el caso Rocha Moya no solo destapó la cloaca política y se convirtió en un espejo incómodo para Morena, cuyo reflejo no solo apunta a Sinaloa, sino que se proyecta hacia “La Cuna de la Nación” y al corazón mismo de la dirigencia nacional, en aquel entonces a cargo de Mario Delgado, a quien se le señala —extraoficialmente— de haber operado las campañas electorales con dinero proveniente del “huachicol fiscal” —y vaya Usted a saber sino también de otras fuentes como el narcotráfico—. ¡Ajá!. Hablamos de la misma contienda electoral en la que resultó electa la actual gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, luego de haber perdido la gubernatura en su primer intento con el entonces priísta Marco Antonio Mena Rodríguez, hermano de su cuñado Fabricio y hoy Cónsul de México, en San Francisco, California.
Entonces, sí. La relación entre ambos temas que son investigados en la Unión Americana y lo ocurrido en Tlaxcala, no es casualidad. Y la actual gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros, representa la continuidad de un proyecto político que, aunque se viste de transformación, ni duda cabe, fue financiado con los recursos ilícitos que responde a los mismos intereses de control y clientelismo. Es más, su cercanía con Mario Delgado y su alineación con aquella dirigencia nacional de Morena, la colocan en el centro de un entramado político que no se limitó a su estado. Tan es así, que la reciente designación de Ricardo Peralta como representante de Tlaxcala en la Ciudad de México, es otro eslabón de esta cadena —un movimiento estratégico que buscaría blindar alianzas y extender la influencia del partido en espacios clave, más allá de las fronteras locales—.
Sí. Porque Peralta, no es un actor secundario en la trama de contrabando de combustible de los Estados Unidos a México que sacude a los políticos emanados de Morena, pues documentos judiciales y material de inteligencia expuestos en investigaciones periodísticas, colocan al nuevo recluta de la gobernadora Cuéllar, como un integrante del más alto nivel de una red criminal que utilizó al menos ocho empresas fantasmas para tal fin.
Entonces, no. El narco y el crimen organizado no son actores ajenos a la política de Morena; son parte de ella. La acusación contra Rocha Moya, lo confirma. El financiamiento ilegal a las campañas de Mario Delgado, lo refuerza. Y la red de complicidades que alcanza a gobernadores y representantes, lo consolida.
Tan es así, que la designación de Ricardo Peralta, como representante de Tlaxcala en la capital del país, no se puede ver como un simple gesto administrativo, porque fue un movimiento de tablero —que buscaría asegurar lealtades y preparar el terreno para los reacomodos y protección de los integrantes de la cofradía de Morena, ante una eventual situación como la que hoy se presenta—.
Sí. Ya sé. Estados Unidos, con sus propios intereses geopolíticos, puso el dedo en la llaga a Morena al señalar los vínculos de Rocha Moya con el narco —y muy pronto, dicen los expertos, lo hará con la relación de Mario Delgado y otros actores de altísimo perfil político con el huachicol fiscal—. ¡Claro!. No se trata de un acto de altruismo democrático, sino de una advertencia sobre una amenaza de todos conocida: el crimen organizado en México no es solo un problema interno, sino un factor que afecta la seguridad de otro país que está dispuesto a actuar hasta las últimas consecuencias. Y esa presión que ejerce nuestro vecino del norte, puede acelerar un reacomodo político en el país, y Tlaxcala, por su tamaño geográfico y su historia de alternancia, podría ser el punto de partida de ese nuevo mapa en las elecciones del próximo año.
Y no porque Tlaxcala sea el epicentro del poder, sino porque es el símbolo de que incluso los estados pequeños están atrapados en la red de complicidades. Ya pasó en 1998 cuando el entonces presidente de México Ernesto Zedillo, tuvo que ceder terreno por la vía democrática ante la presión de Bill Clinton. Entonces, por qué no podría ocurrir otra vez, ante el vendaval de presiones diplomáticas que ahora tiene Claudia Sheinbaum de la administración Trump.
Cuando el PRI perdió por primera vez la gubernatura en Tlaxcala, fue celebrada como un hito histórico —el inicio de un ciclo de pluralidad y competencia real—. Hoy, casi tres décadas después, esa conquista parece desdibujarse frente a un escenario donde el narco, el crimen organizado y las prácticas corruptas dictan las reglas del juego político. Y aquí, la pregunta es obligada: ¿de qué sirve la alternancia si el poder termina secuestrado por los mismos vicios y por las mismas familias, pero ahora con nuevos colores y otros discursos?.
¡Caray!. Quién iba a decir, que en tan solo siete años la columna vertebral de la política mexicana en manos de Morena estaría a punto de colapsar. Pero, mientras no se rompa el pacto de impunidad que sostiene a figuras como Rocha Moya, Mario Delgado, Lorena Cuéllar o Ricardo Peralta y muchísimos actores más, el país seguirá atrapado en un círculo vicioso donde el crimen organizado dicta las reglas y la ciudadanía paga las consecuencias.
¡Hijole!. No sé, pero creo que necesitamos no solo cambiar de partido, sino cambiar de sistema. Uno, que no permita que las autoridades en funciones se arrodillen ante la delincuencia organizada para llenarse los bolsillos a costa del dolor de la ciudadanía.
Tlaxcala, Sinaloa o cualquier otro estado de la República —todos son escenarios de una misma obra— donde los protagonistas cambian de nombre, pero los guiones se repiten. El narco y la delincuencia organizada, financian; los dirigentes, encubren; los gobernadores, se alinean; y, la democracia se convierte en un espectáculo vacío…
¡Se tenía qué decir y se dijo!…
Hasta la próxima… Y ojalá para entonces sepamos qué pasó con el calendario escolar de este año. También traen un verdadero desmadre con eso en el gobierno federal.
