Una farsa, la elección judicial…

Opinión de Isael Pérez Olivier.

Sí, tal cual. Una farsa. Y no solo por la falta de capacidad técnica y operativa del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones para darle certeza a este proceso inédito. Sino también porque entre los candidatos, se advierte la presencia de personajes de oscuro pasado, que, al amparo del poder, lograron evadir cualquier responsabilidad administrativa y penal por presuntos actos de corrupción en los que incurrieron durante su desempeño en la labor jurisdiccional, y que, a pesar de esa dudosa reputación, hoy se encuentran en las boletas para ocupar cargos de Jueces y Magistrados. Y todo, gracias a su cercanía y amistad con la mandataria tlaxcalteca. 

Damas, caballeros y personas de los géneros no binarios, para muestra un botón. Me refiero a la protagonista del vídeo que se filtró por Internet, a finales del 2021 y en cuyo audio se negociaría la libertad de un presunto responsable en la comisión de un hecho que la Ley señala como DELITO, por la nada despreciable cantidad de 130 mil pesos  -y que de acuerdo al contexto de la conversación-, recibiría en ese momento una Jueza del Sistema Penal Acusatorio para compartirlos con el Agente del Ministerio Público, para que éste a su vez,  no solicitara la prisión preventiva oficiosa, -y así, Su Señoría-, pudiera DESESTIMAR EL CASO y otorgarle su completa y total libertad al indiciado.

Este hecho, que alcanzó notoriedad y relevancia en algunos medios de comunicación, fue turnado al Órgano de Control Interno para su investigación, como lo establece el comunicado oficial, fechado el 17 de enero de 2022, en el que se informaba: “Radica Contraloría del TSJE procedimiento de investigación vs una Jueza por presunta responsabilidad administrativa.

En sesión extraordinaria, celebrada el 12 de enero del 2022, el Consejo de la Judicatura del Estado (CJE), fue informado por la Contraloría del Tribunal Superior de Justicia, que se ha radicado el procedimiento de investigación de presunta responsabilidad administrativa de la servidora pública Violeta N.

Por ello, le solicitaron los informes respectivos para el análisis de los mismos, y una vez agotada esta etapa, procederán conforme a Derecho.

Esto, en atención al Acuerdo emitido por el propio Consejo de la Judicatura, en diciembre de 2021, en el que instruyó a la Contraloría del Poder Judicial atender, conforme a sus facultades legales, y realizar una investigación exhaustiva con relación a las notas periodísticas que acusan a la jueza de presuntos actos de corrupción.

Con el inicio del procedimiento de investigación y con fundamento en lo que establece la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el Pleno del Consejo de la Judicatura da cabal cumplimiento a su compromiso de garantizar una conducción íntegra y ética en el personal del Poder Judicial, así como brindar un servicio con calidez, calidad y eficiencia.” Así concluía, aquel boletín de prensa.

Sin embargo, tres años después y en plena elección judicial, nada se sabe del resultado de esa investigación. Es más, ni siquiera se tiene la certeza de que se haya abierto un expediente por parte de la comisión disciplinaria del Consejo de la Judicatura del Estado, cuya sanción correspondía al consejero representante del Poder Ejecutivo, Rey David González González. Sí, ni más ni menos que al representante de Lorena Cuéllar, en el máximo órgano disciplinario del Poder Judicial. 

En cambio, de lo que sí se tiene registro, es que después de haberse iniciado ese procedimiento fantasma, lejos de un castigo, la entonces señalada por presuntos actos de corrupción rindió protesta como representante de los Jueces ante el propio Consejo de la Judicatura, el 17 de febrero de 2023; y hoy, esa misma persona, es candidata a Magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de Tlaxcala. ¿Se imagina Usted esa barbaridad? ¡Ajá!. Pienso lo mismo, si ella cumple su objetivo, sería tanto como poner la Iglesia Católica en manos de Lutero.

Y eso es así, porque no me explico cómo fue que con esos antecedentes no aclarados, la referida candidata pasó los filtros de probidad. Esos donde se supone evaluaron su honestidad y su rectitud, a través de un análisis minucioso de su actuar y de sus principios éticos y morales. Si Usted sí lo logra entender, por favor, hágamelo saber.

Por eso me atrevo a decir, que lo que mal empieza, mal termina. Y ya veremos cómo acaba toda esta farsa electoral, en la que solo nos permitirán elegir entre candidatos improvisados o verdaderas maestras de las artes oscuras; claro, la mayoría de ellas y ellos, simpatizantes del partido oficial.

Por lo pronto, si Usted va a participar el 1 de junio, por favor, ponga atención en los perfiles de los candidatos, porque con nuestro voto podemos dejar peor al Poder Judicial. Aunque tal y como están las cosas, creo que de cualquier forma el resultado será catastrófico para el andamiaje jurídico. Ya veremos, pero para mí que ya valimos Barriga, señor Pistola…

¡Se tenía que decir y se dijo!

Las breves de la semana…

Okey. No fue un acto de espionaje. Pero, lo que sí cometió Max Hernández Pulido, fue un abuso de autoridad y tráfico de influencias con flagrantes violaciones a los derechos humanos de la hoy víctima. Qué por qué. Bueno, primero porque concediendo sin aceptar, que hubo diverso oficio dentro de una carpeta de investigación por el presunto delito de robo, los vídeos debieron ser entregados al solicitante con toda la formalidad que marca la ley y por medios magnéticos distintos al WhatsApp del funcionario. Claro, porque supongo que Max, en su calidad de Comisionado Ejecutivo de Seguridad Pública, no se dedica a tratar personalmente esos asuntos y que solo lo hace en “casos muy especiales”. Y bueno, esa versión de que la filtración de las capturas de la conversación se deriva de un pleito entre amasios; no lo dudo ni un instante, como tampoco dudo que se trató de un acto intimidatorio del varón hacia la mujer y con el que quiso pararse el rabo para evidenciar su notable influyentismo. Aunque lo único que logró fue empinar al súper policía y exponer su gran estupidez. Por cierto, el dato de prueba, que fue obtenido ilegalmente, produce nulidad de oficio, o también, a petición de parte y por lo tanto tiene que ser excluido de cualquier proceso. Digo, por si todavía lo quieren utilizar contra la dama que los exhibió…

La encargada del módulo médico de Ciudad Judicial, la doctora Rosa Laura Polvo Caloch, anda calentándole la gallera a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Anel Bañuelos Meneses. Los malos tratos y la mal praxis en la medicina son una constante para quienes acuden a recibir atención a su consultorio, pues lo mismo le da equivocarse en los tratamientos médicos y ser déspota con una humilde empleada de limpieza que con un todopoderoso Juez o Magistrado. A ver qué hacen en el Poder Judicial con esa perita en dulce. En fin.

Hasta la próxima. Y ojalá para entonces, ya haya llegado la nueva niñera de prensa del Pañalón…