Por Edgar García Gallegos.
¿Es moralmente ético que los funcionarios públicos que aspiran a un cargo de elección popular anden en abierta promoción de su imagen en espacios públicos y privados?
En entrevista, la Gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, avaló el hecho de que los funcionarios públicos del poder ejecutivo se encuentran en abierta precampaña sin que hayan renunciado o, al menos, solicitado licencia a sus cargos, toda vez que, como ella misma lo expresó, la ley se los permite.
En estos hechos encontramos muchos elementos objeto de análisis, en principio, efectivamente la ley les permite permanecer en funciones, sin embargo, es innegable que eso pone en duda la equidad de la contienda, porque en estricto sentido el servidor público maneja recursos públicos, humanos, materiales y financieros y no se desprende de su figura de autoridad en horarios específicos, lo que significa la posibilidad del uso de poder y relaciones en beneficio personal.
Además, ¿En verdad es compatible el ejercicio de la función pública con los actos de proselitismo electoral? ¿Acaso no se estaría sacrificando la eficiencia administrativa del gobierno?
Otro factor que hay que revisar es el uso indiscriminado de medios de propaganda personalizada. Podemos observar los nombres de muchos de los aspirantes en bardas y espectaculares que, evidentemente fueron contratados, y no con recursos públicos, porque nadie duda de que tengan los recursos suficientes para pagar esos espacios.
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