El Bestiario…Ventura, el reo que pone a prueba a la 4T en Tlaxcala
Opinión de Edgar García Gallegos
En Tlaxcala, la conversación digital del 4 al 10 de agosto dejó un mensaje tan claro como incómodo: la inseguridad sigue siendo el talón de Aquiles del gobierno estatal. El 22.82% de las menciones en redes —con un demoledor 90% de percepción negativa— giraron en torno a violencia, robos y un sistema penitenciario que huele más a fuga de control que a reinserción social.
Si el horno no está para bollos, y luego que la percepción de inseguridad no baja, ahora un reo viene a poner a prueba al gobierno de Lorena Cuéllar en el sistema penitenciario.
Tlaxcala atraviesa un momento de tensión y preocupación por la inseguridad, por lo que cualquier error, descuido o respuesta tibia de la autoridad puede ser todavía más costoso en términos políticos y de percepción ciudadana.
El caso más mediático, y quizás el más incómodo para el oficialismo, es el de Ventura “N.”, un interno que desde el Cereso de Apizaco se atrevió a encender la mecha con un video en redes. En él, denuncia cobros ilegales para conservar su trabajo, amenazas veladas, encargos de homicidios, supuestas salidas de reclusos para cometer delitos y hasta un incendio como advertencia a su familia. Todo, por ahora, en el terreno de lo “presunto”. Pero aquí la clave no es si es verdad o mentira, sino que en la opinión pública ya se instaló la duda… y la narrativa es letal.
El gobierno estatal, vía Secretaría de Seguridad Ciudadana, reaccionó con el manual en mano: abrir investigaciones, garantizar derechos humanos, aplicar medidas de vigilancia especial y coordinarse con Fiscalía y CEDH. Correcto en lo institucional, pero insuficiente en lo político. Porque mientras el boletín oficial corre a velocidad burocrática, la indignación digital se propaga en segundos. Y cuando la percepción de inseguridad se ancla, no hay comunicado que la levante.
La CEDH también entró al quite, abriendo expediente, entrevistando a la familia, emitiendo medidas cautelares y recordando que las autoridades penitenciarias tienen la obligación de proteger al denunciante. Bien, pero el daño mediático ya está hecho: lo que para la autoridad es un caso en investigación, para el ciudadano es otro capítulo más en la saga de un sistema penitenciario donde —se dice— los barrotes no siempre separan al crimen de la autoridad.
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