Vértice Político… Jueces de papel y políticos sin ética

Opinión de Aurora Solís 

Yair Castillo Pérez, un personaje cercano y consentido por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, aspira a convertirse en juez penal por el distrito judicial de Guridi y Alcocer, en Tlaxcala. Pero como ciudadanía tenemos el derecho y la obligación de preguntar: ¿Con qué experiencia?, ¿Y con qué preparación real? 

Yair Castillo Pérez, es conocido por llevar la red de jóvenes de MORENA en Tlaxcala, y realmente no hizo más que aprovecharse de los jóvenes y los dejó a su suerte, gracias a eso, fue enviado como director de vinculación a la Universidad Politécnica de Tlaxcala, al inicio de la administración de Cuellar Cisneros sin contar con un título universitario, o por lo menos, hasta el momento en el que asumió el cargo. Se decía, que estudiaba Ciencias Políticas, pero no concluyó esa carrera. Aún así, ya cobraba como director en la institución. 

Dicho personaje, de la nada, apareció con un título en Derecho por la Universidad Santander, justo cuando el entonces rector Enrique Padilla Sánchez, también obtuvo el grado de “Maestro” por esa misma casa de estudios y bajo la misma sospecha de haber hecho “Magia” para poder seguir en la rectoría. Incluso, ahora, esos mismos servicios “Mágicos” hoy los ofrece desde el PRI a través de “becas” para jóvenes que quieran estudiar ahí.  

Este “político” en decadencia, no solo dejó la suspicacia de cómo obtuvo el grado de “Maestro” para continuar con el puesto de rector, sino también un desfalco de casi ocho millones de pesos en la UPTx, además de una fama de traidor entre quienes se acercan a él, ya que los engaña diciéndoles que tiene una red política importante, cuando ni en su partido lo toleran. Aunque definitivamente puede ser que tenga muchos nexos en Morena, porque a él y a Yair, últimamente se les ha visto juntos en las oficinas del PRI estatal. ¿Casualidad?. Difícil de creer. 

Regresando al tema académico, todo apunta, a que el título de Yair como el de Enrique, fueron obtenidos sin estudios reales, otorgados por una red de corrupción, ya que la entonces rectora de la Universidad Santander de nombre Rosalía Nalleli Pérez Estrada, es también la actual rectora de la Universidad Politécnica. Como si se tratara de UNA MAFIA EDUCATIVA AL SERVICIO DE INTERESES POLÍTICOS. 

Y ahora, con ese título obtenido (apenas en el 2022) Yair Castillo, pretende ser juez penal, cuando ni siquiera tiene experiencia, práctica ni formación sólida en Derecho. Hoy funge como subdirector del plantel 06 del COBAT y, aun así, no ha renunciado a su cargo para poder contender. Esto ya es una costumbre en el gobierno de Lorena Cuellar Cisneros. 

En el mismo supuesto, se encuentran:  

Julián Plata Chamorro, presidente de comunidad de San Gabriel Cuauhtla, ya que se rumora que se le acusa de violencia doméstica hacía la madre de su hijo, así como actos de corrupción para llegar a la presidencia y hoy quiere abandonar el cargo. ¿Dónde quedó el amor a su pueblo?. 

Herminia Hernández Jiménez, que ha dejado mucho que desear en el cargo que hoy ocupa dentro de la Secretaría de Goboerno. Resulta lamentable que quien alguna vez se proclamó aliada de las colectivas feministas, hoy les dé la espalda. Su actuar contradice los principios que alguna vez dijo defender, mostrando una postura distante e incluso contraria a las luchas que tanto impulsó en el pasado. Las mujeres y colectivas merecen respeto, coherencia y compromiso real desde todos los espacios de poder. 

Eduardo Jaramillo, actual director de la carrera de Ingeniería Industrial de la UPTx, sin contar con el perfil adecuado y señalado por actos de corrupción. 

Levi Méndez Rojas, que presume ser protegido de la actual Fiscal General de Justicia del Estado, y quién al parecer también ostenta un título de Maestría de dudosa procedencia, Ernestina Carro Roldan. 

Nelson Medel del Razo, actual funcionario público con nulos conocimientos en Derecho dado que se dice fue removido como Ministerio Público y hoy con todo cinismo pretende ser juez.  

Guadalupe Sebastián López, quien también se dice, es otro protegido de la Fiscal General de Justicia del Estado, Ernestina Carro Roldan. 

Lo mejor para no enrarecer el proceso de elección judicial en Tlaxcala, es que ningún funcionario participe en estos procesos sin antes renunciar a sus cargos. 

Que se frene la imposición de perfiles improvisados, sin ética ni trayectoria. Y que se garantice que quienes aspiren a cargos en el Poder Judicial y en el servicio público tengan verdadera formación, experiencia y compromiso con la legalidad. 

Tlaxcala merece un Poder Judicial independiente, profesional y libre de componendas. 

¡La legalidad no puede construirse con trampas! 

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