¿A quién se le reclama la impunidad ante las desapariciones?
El Comité mencionaba una “impunidad estructural” que provoca la reproducción de las desapariciones y “causa zozobra para las víctimas y las personas y las organizaciones que los acompañan”.
El nuevo documento del CED para sustentar la activación, para México, del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de las Personas Contra Desapariciones Forzadas, que se dio a conocer la semana pasada, recordó esa visita y las observaciones y recomendaciones que emitió en abril de 2022.
En el 2021, tras reunirse con familiares de víctimas y autoridades de 13 estados, el Comité recibió testimonios que relataban desapariciones atribuidas a fuerzas de seguridad federal, estatal y municipal, empresas de seguridad privada y grupos delictivos que actuaron ante la inacción de las autoridades. En ese contexto, el CED recordó que los Estados son responsables de las desapariciones realizadas por servidores públicos o por grupos criminales bajo la aquiescencia de la autoridad, o cuando no se adoptan las medidas para evitar que se produzcan nuevas desapariciones, o para investigar y llevar a los autores ante la justicia.
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