El dilema de la impunidad
Denomino “dilema de la impunidad” a la situación que enfrenta el poder público de un país cuando, para contener a quienes actúan contra el orden jurídico, tienen que transformar la procuración y la administración de justicia a sabiendas de que las nuevas autoridades podrán actuar en su contra poniendo en riesgo su permanencia y la existencia del régimen.
Para que ocurra una situación como la que menciono, tienen que concurrir varios elementos. Primero, un régimen en el que una parte de sus integrantes estén involucrados en la corrupción activa o su tolerancia. Segundo, la presencia de grupos delictivos capaces de impedir que las autoridades les apliquen el derecho por los actos ilícitos que cometan. Tercero, un sistema de procuración e impartición de justicia sin la legitimidad ni las competencias necesarias para imponer el derecho a las autoridades y a los delincuentes.
Cuando estas condiciones se actualizan las autoridades estatales —legislativas, administrativas y judiciales— no pueden reformar ni empoderar a los órganos del sistema porque una vez transformados y legitimados, estarían en condiciones de aplicar el derecho tanto a los delincuentes como a los funcionarios.
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