Noroña deja bien fregados a 1.9 millones de trabajadores
Entre septiembre y octubre del año pasado, la Cámara de Diputados y el Senado avalaron, con el voto de todas las bancadas, la reforma al Artículo 123 constitucional en materia de salarios para los servidores públicos, con el objeto de que el sueldo de ningún trabajador sea inferior al promedio registrado en el IMSS. Luego fue aprobada por la mayoría de los congresos estatales.
Pero, a 10 meses, no se ha emitido su declaratoria de constitucionalidad, trámite obligado para su publicación en el Diario Oficial y, en consecuencia, para su entrada en vigor a partir del 1 de enero del próximo año.
Peor aún: mañana, 29 de agosto, vence el plazo para hacerlo. De otra forma, no será considerada en las previsiones presupuestales (requiere unos 39 mil 864 pesos anuales).
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