Opinión de Isael Pérez Olivier
El árbitro electoral se hizo fuera de la bacinica. Y esta vez no fue por exonerar a los aspirantes de Morena al gobierno del estado, que violan flagrantemente la Ley con sus campañas anticipadas, sino por imponer medidas cautelares a “La Bestia Política”, medio de comunicación que publica en espacios digitales sus muy destacados trabajos periodísticos. A primera vista, esto podría parecer un acto administrativo más, con una decisión técnica dentro de la maraña burocrática que acompaña a los procesos electorales. Sin embargo, lo que está en juego es mucho más profundo: la libertad de prensa, de expresión, el derecho de la ciudadanía a mantenerse informada y, en última instancia, la salud misma de nuestra democracia.
Sí. Damas, caballeros y personas de los géneros no binarios, porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Artículos 6º y 7º, garantiza y protege los derechos de toda persona a la libre manifestación de sus ideas, a la información y a la libertad de prensa —principios que no son un adorno retórico, sino pilares fundamentales de la vida democrática—. Y cuando una autoridad electoral decide censurar a un medio de comunicación, aunque sea de manera temporal o bajo el pretexto de medidas cautelares, está vulnerando directamente esos derechos. ¡Claro!, porque la libertad de prensa no puede estar sujeta a la discrecionalidad de quienes, paradójicamente, deberían garantizar que los procesos electorales, en sus distintas etapas, se desarrollen en un ambiente de pluralidad y transparencia.
Así es que, el argumento para imponer esas medidas, es falaz; porque la democracia se construye precisamente en el debate abierto y en la confrontación de las ideas. Y silenciar a los medios de comunicación, es condenar a la ciudadanía a la ignorancia — terreno fértil para la manipulación—.
Entonces, no. No se trata únicamente de defender a un medio de comunicación. Se trata de exigir el derecho colectivo de la sociedad a estar informada. Tan es así, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversas resoluciones que el derecho a la información es un derecho humano de carácter fundamental —y limitarlo— equivale a restringir la capacidad de los ciudadanos de participar de manera consciente y crítica en la vida pública.
Sí. Ya sé. La legislación electoral contempla medidas para evitar la difusión de propaganda ilegal o la intervención indebida de actores externos en los procesos. Pero esas disposiciones no pueden interpretarse de manera expansiva para justificar la censura. El principio de proporcionalidad, reconocido en el derecho Constitucional, exige que cualquier restricción a un derecho fundamental sea estrictamente necesaria, idónea y proporcional. Entonces, ¿puede alguien sostener jurídicamente que silenciar a un medio de comunicación cumple con esos criterios y más aún cuando todavía no estamos dentro de los tiempos del proceso electoral?. La respuesta es evidente: no.
Es decir, esa medida cautelar que impuso la autoridad no es proporcional, pues el daño que causa a la democracia es infinitamente mayor que el supuesto beneficio de “proteger” a los quejosos. No es idónea, porque existen mecanismos menos lesivos para garantizar la equidad, como sancionar directamente a los actores políticos que incurran en irregularidades. Y no es necesaria, porque la pluralidad informativa es precisamente lo que permite que los ciudadanos distingan entre propaganda y periodismo.
Entonces, sí. La democracia está bajo amenaza, porque no se extingue en un acto espectacular, sino en pequeñas decisiones que van erosionando sus cimientos. Una medida cautelar aquí, una censura allá y un silencio impuesto más allá, es todo lo que se necesita.
Insisto, el árbitro electoral debería ser el ente garante de la equidad y la transparencia, no el verdugo de la libertad de prensa. Su función es asegurar que todos los actores políticos compitan en condiciones justas, no decidir qué puede o no publicar un medio de comunicación, y al asumir ese papel de censor, el instituto se coloca en una posición peligrosa: la de juez y parte en un terreno donde su imparcialidad debería ser incuestionable.
Como ciudadanos, no podemos permanecer indiferentes ante ese atropello. Y no se trata de defender a un medio en específico, ni de simpatizar con su línea editorial. Se trata de defender nuestro derecho, a vivir en una sociedad donde la información fluya libremente. Se trata de evitar que la democracia se convierta en una caricatura —donde las autoridades deciden qué podemos leer, escuchar o ver—.
La prensa siempre ha sido incómoda. Molesta a los poderosos, enfurece a los corruptos e irrita a quienes quisieran controlar el relato, pero precisamente por eso es indispensable. Una prensa libre es el mejor antídoto contra el abuso de poder y cuando se le silencia, lo que se abre es la puerta al autoritarismo.
Así es que, ante el ataque directo a la libertad de expresión, de información y de prensa, la respuesta no puede ser la resignación. La ciudadanía debe alzar la voz, exigir que se respeten sus derechos y reclamar que las instituciones cumplan con su mandato democrático. Los derechos se defienden ejerciéndolos —y hoy, eso significa— repudiar cualquier intento de censura, venga de donde venga.
En conclusión. —¡No, ni madres!—. No podemos aceptar que la democracia se reduzca a un ritual vacío donde los ciudadanos votan sin información, donde las instituciones se convierten en guardianes de los intereses del oficialismo y donde la libertad de expresión, el derecho a la información y la democracia misma, están en riesgo.
Sin prensa libre, sin información y sin voces críticas, lo que queda no es democracia, sino una burda simulación…
¡Se tenía qué decir y se dijo!.
Hasta la próxima… Bueno, eso sí don Emmanuel no ejerce su voto de calidad para imponernos alguna medida cautelar por manchar su inmaculada investidura y la imagen de su prístina e impoluta institución.
