COSA PÚBLICA… De miedo
Opinión de Albino Rubio Moreno
El 1 de abril de 2025, Nativitas, Tlaxcala, fue escenario de un linchamiento. Un hombre fue ejecutado por la turba, sin juicio, sin defensa, sin más pruebas que la furia colectiva. Pero lo más grave no termina ahí: desde las oficinas de comunicación del gobierno estatal, Octavio Ortega, Fabiola Cancino y otros funcionarios se apresuraron a justificar lo injustificable, declarando que el occiso era culpable de privación ilegal de la libertad de una menor.
Con esa afirmación, no solo avalaron la justicia por mano propia, sino que violaron el principio más básico del Estado de derecho: la presunción de inocencia. En su afán por “manejar” la narrativa —quizá temiendo por sus puestos ante los rumores de cambios en el área—, estos funcionarios olvidaron que su deber no es condenar, sino informar con responsabilidad.
El protocolo para prevenir linchamientos, una vez más, falló. Pero más que la ineficacia institucional, lo que indigna es la complicidad discursiva. Al señalar al linchado como culpable, el gobierno estatal no solo se lavó las manos, sino que enterró cualquier posibilidad de justicia para el occiso. ¿Dónde quedó el derecho a un juicio justo? ¿Dónde la obligación del Estado de proteger a todos, incluso a los acusados?
Los familiares del hombre asesinado ya buscan vías legales para exigir disculpas públicas y, de ser necesario, castigo para quienes desde el poder violentaron sus garantías. No es poca cosa: cuando las autoridades normalizan la justicia extrajudicial, allanan el camino para más barbarie.
El linchamiento de Nativitas no es solo un fracaso del protocolo, es el reflejo de un sistema que prefiere el espectáculo del control de daños a la protección de derechos. Y mientras funcionarios como Ortega y Cancino sigan anteponiendo su “chamba” a la justicia, Tlaxcala seguirá siendo tierra fértil para el horror. De miedo.
—000—
