De Frente… “El doble discurso de la transparencia en Tlaxcala”
Opinión de Yazmin Calderón Zavaleta
La reciente declaración de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, asegurando que “se acabaron los pretextos” y que “queremos transparencia total, caiga quien caiga”, llega empañada por un historial que no favorece su discurso. De acuerdo a La Jornada de Oriente, la Auditoría Superior de la Federación detectó observaciones por “25 millones 503 mil 600 pesos” en la cuenta pública 2024, derivadas de irregularidades como la contratación de personal educativo sin acreditación y obras sin documentación, entre ellas un presunto desvío de “19 millones 200 mil 4.28 pesos” en el Fondo de Aportaciones Múltiples, esto de acuerdo a información del portal informativo La Bestia Política.
Esta misma entidad documentó un probable daño patrimonial de “321 millones 491 mil 100 pesos” en el ejercicio fiscal de 2023, mientras que en los primeros 28 meses de su administración se mencionan observaciones por más de mil millones de pesos sin solventar . Frente a estas cifras, el discurso de auditoría suena hueco si no se explica cómo se corrigieron, qué medidas se tomaron y, sobre todo, qué organismos independientes verificaron estos procesos.
Pero la opacidad de Cuéllar no nació con su gubernatura: ya en su gestión como presidenta municipal de Tlaxcala (enero 2008‑enero 2010), ningún órgano fiscalizador congregó resultados públicos en materia de auditoría. Su paso por la alcaldía, descrita en Politipedia, fue fulgurante en imagen, pero signada por la ausencia de mecanismos reales de rendición de cuentas. En ese periodo se aspiraba a elevar su perfil político, sin embargo, se omiten datos sobre cómo se manejaron los recursos, quién fiscalizó las obras y cuánto se transparentó al cierre de su administración.
La compra, en 2024, de 10 camionetas blindadas tipo Suburban High Country por un monto de “56 millones 259 mil pesos” —con un costo promedio de “5.6 millones de pesos” cada una, cuando en el mercado rondan entre “3.6 y 3.9 millones”— ha generado cuestionamientos por adjudicación directa a Epel, S.A. de C.V. y presuntos sobreprecios . Lo más grave es que estos vehículos, aunque declarados para funciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, estarían siendo utilizados por la propia gobernadora y su círculo cercano, según reportes que advierten que la información contractual fue reservada hasta 2030 . En contraste, Morena había acordado en mayo limitaciones al uso de blindaje y lujos — llamado que Cisneros Cuéllar ha ignorado — .
El pasado 1 de julio, tras el cierre del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Cuéllar se limitó a prometer auditorías” a municipios y recursos federales”, sin detallar quién las llevará a cabo, con qué recursos o bajo qué estándares de autonomía. Así el organismo encargado de la transparencia se disuelve, mientras el poder se concentra y la supervisión pública se debilita.
Paralelamente, la misma gobernadora proclama la rehabilitación de miles de obras, la construcción del C5i y la entrega de servicios médicos —como destaca su Segundo Informe de Gobierno— afirmando que “cerramos las grietas de la corrupción, pues la honestidad transforma vidas” , pero no hay evidencia pública de quién verificó esas “grietas”, cuánto se invirtió exactamente ni qué fallas se solventaron.
En Tlaxcala, la palabra “transparencia” ha sido convertida en una etiqueta más que en una realidad: se diluye dentro de refranes, actos protocolarios y anuncios mediáticos, pero se esconde cuando se exige rigurosidad. La narrativa de “caiga quien caiga” choca con la suspensión de órganos vitales como el IAIP, el blindaje millonario y sin licitación, y la inexistencia de informes públicos con cifras y responsables concretos.
Si en serio Lorena Cuéllar quiere erradicar la corrupción y preservar la salud financiera y moral de Tlaxcala, debe empezar por casa: implementar auditorías internas contundentes en todas las secretarías y en su propio despacho; publicar contrato y facturación de las camionetas blindadas; especificar quiénes las utilizan y bajo qué acreditación oficial. Eso no es populismo mediático: es obligación ética.
Solo así podrá demostrar que el discurso no fue flor de un día, sino el primer paso de un gobierno que realmente rinde cuentas. Y si de acabar con pretextos se trata, el primer gran acto de “transparencia total” debe venir de su propio techo: y por citar un ejemplo podría iniciar con transparentar el gasto millonario de sus camionetas blindadas, demostrar su uso y gastos, y abrir su despacho a la fiscalización ciudadana. Si no, sus palabras seguirán siendo huecas y vacías.
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