Por Mauricio Sánchez López
La reciente reforma al Poder Judicial, aprobada en septiembre de 2024, representa uno de los movimientos más significativos en la estructura de la justicia mexicana. Propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, esta reforma se inscribe dentro del marco de la Cuarta Transformación, que busca rediseñar aspectos clave del sistema político y jurídico del país. Aunque los partidarios de la reforma aseguran que democratiza la justicia, sus detractores la ven como una amenaza a la independencia judicial y un intento de politizar el sistema.
Uno de los cambios más discutidos es la introducción del voto popular para elegir a jueces, magistrados y ministros, incluyendo a los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Antes, estos cargos eran designados por el presidente y ratificados por el Senado, lo que garantizaba cierta independencia del poder judicial frente a las presiones políticas. Ahora, los funcionarios judiciales serán elegidos por votación directa, en elecciones organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), lo que muchos ven como una apertura a la influencia política sobre las decisiones judiciales. Los críticos temen que los candidatos con mayor apoyo financiero o político tengan ventaja, lo que podría comprometer su imparcialidad. Además, existe el riesgo de que el crimen organizado intente influir en el proceso.
En cuanto a la estructura de la SCJN, la reforma propone reducir el número de ministros de 11 a 9, y establece una rotación bienal en la presidencia de la Corte, un intento por evitar concentraciones de poder prolongadas. Además, se elimina la pensión vitalicia para los ministros salientes, una medida que busca cortar beneficios percibidos como excesivos. Los ministros electos tendrán una duración en el cargo variable entre 8 y 14 años, dependiendo del número de votos obtenidos.
La aprobación de esta reforma ha generado tensiones a nivel nacional e internacional. Diversas organizaciones de derechos humanos, así como la Relatoría Especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, han expresado su preocupación sobre el impacto de esta medida en la independencia judicial. A nivel interno, jueces y magistrados han señalado que la reforma no se ajusta a las normas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que exige tribunales independientes para la resolución de conflictos laborales y otros temas.
A pesar de las protestas, la reforma fue aprobada con el voto clave de un senador de la oposición, en un contexto de creciente presión política. Aunque se prevé que los cambios se implementen de manera escalonada entre 2025 y 2027, la reforma sigue siendo objeto de un intenso debate, particularmente por la posibilidad de que erosione las bases de un poder judicial independiente.
En conclusión, esta reforma es vista por el gobierno actual como un paso necesario para democratizar la justicia y acabar con las estructuras de poder tradicionales, mientras que sus opositores la consideran un peligro para el equilibrio entre los poderes y la seguridad jurídica en México.
La reforma al Poder Judicial en México no solo incluye la elección popular de jueces y magistrados, sino que también introduce un novedoso método conocido como “tómbola” para garantizar que el proceso de selección sea más equitativo. Este mecanismo consiste en una suerte de sorteo público entre los aspirantes que cumplan con los requisitos necesarios, de manera que no solo se eviten las influencias políticas directas, sino que se dé una oportunidad igualitaria a todos los postulantes.
El método de tómbola se ha propuesto como una forma de democratizar el acceso a estos cargos, evitando favoritismos y la posible injerencia de redes de poder o intereses particulares. En principio, el uso de la tómbola busca dar transparencia al proceso y reducir la percepción de que la elección de jueces y magistrados puede ser manipulada por el gobierno en turno. Sin embargo, algunos críticos señalan que este método podría desestimar las competencias técnicas o experiencia profesional de los candidatos, lo que podría afectar la calidad de las decisiones judiciales.
El proceso bajo este esquema se dividirá en dos fases: en 2025, se realizará la elección para la mitad de los jueces y magistrados de circuito y de distrito, así como para los ministros de la SCJN y otros órganos del Poder Judicial; y en 2027, se completará el ciclo con la elección del resto de los jueces y magistrados. La intención es que el INE supervise estos sorteos para garantizar imparcialidad.
Este modelo ha generado un debate polarizado: mientras algunos lo consideran un avance hacia una mayor equidad, otros creen que puede poner en riesgo la eficacia del sistema judicial. Lo cierto es que esta innovación será clave en la implementación de la reforma judicial y su impacto en la independencia de este poder en el futuro inmediato.