La estirpe de los antidemócratas
Opinión de
“El tirano siempre es un demócrata que perdió la paciencia con las urnas”.
—Albert Camus
La democracia tiene una prueba definitiva: no el día que se gana, sino el día que se pierde (o se puede perder). O dicho de otra forma: es fácil ser demócrata mientras los resultados acompañan; el voto es celebrado como expresión soberana del pueblo. Pero cuando podrían dejar de acompañar es que de pronto aparecen las sospechas, las denuncias de fraude, las conspiraciones informáticas, las fuerzas oscuras operando desde algún rincón del sistema. La voluntad popular deja de ser incuestionable y se vuelve materia de impugnación. No por evidencia sólida, sino por conveniencia política.
Lo ocurrido en Colombia el domingo pasado encendió una alarma que en América Latina ya resulta demasiado familiar. Gustavo Petro decidió sembrar dudas sobre el conteo preliminar, denunciar alteraciones algorítmicas y poner bajo sospecha el proceso electoral mientras los resultados no le favorecían como esperaba. El argumento fue técnico en apariencia y político en esencia: que hubo movimientos irregulares en el software, que aparecieron cientos de miles de registros adicionales y que solo serán aceptables los resultados que validen otras instancias.
Puede parecer un debate jurídico. No lo es. Es una vieja maniobra del poder.
La estrategia consiste en colocar una sombra sobre la elección antes de que concluya el escrutinio; debilitar la certeza pública; instalar la suficiente sospecha para que cualquier desenlace adverso llegue herido de legitimidad. No hace falta probar el fraude: basta insinuarlo. No se necesita desmontar a la autoridad electoral: alcanza, luego de capturarla, con erosionarla ante la opinión pública.
La fórmula se ha repetido tantas veces que no admite fingir sorpresa. Ocurrió con Evo Morales cuando el rechazo ciudadano ya no acompañó sus ambiciones de permanencia. Ha ocurrido en distintas latitudes cuando líderes que llegaron al poder bajo la bandera de la representación popular empezaron a asumir que el respaldo electoral no era un mandato temporal sino una licencia histórica para quedarse, para alterar las reglas del juego, para imponerse desde la mayoría o para condicionar y/o imposibilitar el terreno de salida.
Hay una genealogía reconocible en esa conducta. Una estirpe política que se declara democrática mientras la mayoría responde y que empieza a desconfiar de las instituciones apenas se instala en el poder. Karl Popper lo escribió con precisión incómoda: el verdadero peligro para una sociedad abierta no siempre llega desde enemigos declarados de la libertad, sino desde quienes aprenden a utilizar el lenguaje democrático para vaciarlo por dentro. Hablan en nombre del pueblo, pero reducen el pluralismo a una molestia. Invocan la soberanía popular, pero convierten cualquier contrapeso en sospechoso. Participan en elecciones, aunque solo consideran legítimo el resultado compatible con su proyecto. La consecuencia es corrosiva. No destruyen de golpe al sistema. Lo desgastan. Debilitan la confianza pública puesta en árbitros, tribunales y reglas compartidas, hasta que la política deja de ser competencia institucional y empieza a convertirse en una disputa permanente por imponer la verdad propia. Y cuando eso ocurre, la democracia entra en una fase especialmente vulnerable: deja de discutir programas o resultados y comienza a discutir si las reglas mismas siguen valiendo. Y suelen no valer pues no son de su agrado. Los cambios impuestos a la normativa se suceden uno tras otro, tras otro. El deterioro suele ser gradual. Empieza con declaraciones que parecen coyunturales y termina alterando la cultura política completa. Las insinuaciones de fraude sin prueba se acumulan. Cada descalificación a la autoridad electoral deja residuo. Cada llamado a desconfiar de los mecanismos institucionales va preparando una ciudadanía emocionalmente disponible para aceptar que el adversario no ganó: robó. América Latina conoce demasiado bien esa pendiente. La región ha producido liderazgos que construyeron legitimidad enfrentando élites y prometiendo ampliar la representación democrática. Algunos incluso llegaron respaldados por causas legítimas y por mayorías auténticas. Pero el problema nunca fue la llegada al poder. El problema vino después: cuando la alternancia dejó de verse como una posibilidad democrática y empezó a tratarse como una amenaza existencial. Ahí apareció el rasgo más preocupante de esta tradición política: la dificultad para aceptar que ningún liderazgo es propietario del mandato ciudadano. La democracia exige convicción institucional en el ejercicio de gobierno y también en las contiendas electorales. Exige aceptar que perder también forma parte del pacto republicano. Exige confiar en procedimientos que, por definición, no garantizan victorias permanentes. Por eso lo que pase en Colombia importa más allá de Colombia. No se trata de una controversia técnica ni de una disputa entre actores locales. Es una nueva advertencia regional sobre la tentación de convertir el respaldo popular en una coartada para desconocer límites. Y también sobre la velocidad con que la sospecha calculada se está normalizando. Los antidemócratas contemporáneos rara vez se presentan como tales. No llegan con uniforme ni con manifiestos autoritarios. Llegan hablando de justicia social, representación popular, dignidad colectiva y transformación histórica. Y desde ahí van empujando el perímetro institucional hasta volver negociable aquello que no debería serlo. Las urnas son sagradas cuando otorgan poder. La verdadera prueba llega cuando lo ponen en riesgo. Y es ahí donde se revela la estirpe. POR VERÓNICA MALO GUZMÁN COLABORADORA
