Señorío Tlaxcalteca… Armando Contreras no garantiza la imparcialidad
La guerra de narrativas
Opinión de
El mes de mayo estará marcado por las campañas de quienes aspiran a un sitio en el nuevo Poder Judicial que, a su vez, encarnan la narrativa del gobierno que ya celebra las elecciones de junio como un éxito, en contraposición a la de quienes advierten que estos comicios no serán más que una farsa para colocar leales en el control de sentencias y decisiones jurisdiccionales. Los partidarios del régimen ofrecen dos argumentos: el del combate a la corrupción y el de la participación democrática. Dicen que ya no habrá malos manejos porque el pueblo elegirá a quienes encabezarán el poder judicial: la Suprema Corte de Justicia y un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, entre una miríada de cargos en competencia. El voto como el antídoto de la corrupción.
Sin embargo, no será fácil distinguir qué candidaturas son mejores que otras e, incluso, qué cargos se elegirán en cada casilla el próximo 1 de junio. Habrá muchos nombres listados en las boletas, cuyo único sello de identidad estará en las siglas de quienes los postularon: PE (ejecutivo federal), PL (poder legislativo), PJ (poder judicial) y EF (personas en funciones). Y el elector tendrá que escribir los números que corresponden a sus personas favoritas, mujeres y hombres por separado, en la parte superior de las seis a nueve boletas que tendrá que llenar, según la entidad en la que se vote.
La narrativa opuesta ofrece tres argumentos en contra: el primero (y más obvio) es que la honestidad y la calidad profesional de un servidor público no dependen de su simpatía popular. Abundan los casos de personas electas que se corrompen y hay muchos más que, a pesar de los votos ganados, no tienen ni la más pálida idea de lo que deben hacer. No se necesita mucha perspicacia para saber que obtiene más votos quien hace mejores campañas y quien tiene el respaldo de grupos y aparatos políticos, no quien está más calificado para ejercer una determinada función. El segundo argumento es que, dada la exigencia de ganar votos, las y los candidatos podrían negociar el apoyo de grupos políticos, sindicales, empresariales o criminales con capacidad de movilización de electores, a cambio de sus favores futuros.
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