Opinión de Jorge Romero Herrera null
Han corrido ríos de tinta desde que el titular del Ejecutivo envío al congreso federal su reforma al poder judicial, que bajo la falacia de “democratizar la justicia” encubre el deseo de venganza en contra de quienes no se rindieron al autoritarismo y frenaron valientemente el retroceso del país. Ante el inminente término de su sexenio, los diputados del bloque oficialista han metido el acelerador para aprobarla antes de su partida.
En días pasados estos diputados que conforman el bloque oficialista presentaron un proyecto de dictamen que ha prendido las alarmas no solo dentro de los partidos de oposición, sino de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, académicos, abogados y, significativamente, dentro del propio Poder Judicial. Con repercusiones serias en el extranjero e incluso en la economía nacional. Lo que se presenta como un esfuerzo para acercar la justicia al pueblo, en realidad se percibe como un intento peligroso de politizar aún más el sistema judicial y debilitar su independencia. La reforma ha sido calificada como innecesaria y peligrosa, y muchos coinciden en que su verdadero objetivo no es mejorar el sistema de justicia, sino consolidar el poder político.
De acuerdo con diputados de Morena, el dictamen contempla más de 100 modificaciones a la propuesta original. Sin embargo, la preocupación central sigue intacta: el proceso de elección popular de jueces, magistrados y ministros que si bien suena democrático, plantea serios riesgos. En un país donde la corrupción y la influencia del crimen organizado coexisten sin control, existe el temor de que estas elecciones puedan ser manipuladas, no solo por intereses políticos, sino también por grupos delictivos, poniendo en riesgo la imparcialidad de quienes deberían ser los garantes de la justicia.
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