COSA PÚBLICA… Caciques del transporte público
Opinión de Albino Rubio Moreno
En Tlaxcala, la crisis del transporte público de la carretera Puebla–Tlaxcala en la Ruta 119 evidencia no solo una deficiencia estructural, sino una peligrosa permisividad institucional ante prácticas abusivas. Lejos de ser un servicio ciudadano, el transporte ha sido cooptado por intereses particulares que operan con impunidad. La presencia de figuras como Fausto y Othón Tuxpan Meneses, e Indalecio Saucedo Sánchez en la Secretaría de Movilidad y Transporte no representa un ejercicio de rendición de cuentas, sino un acto de cinismo: lejos de responder por acusaciones como el robo de placas documentado en video, exigen aún más privilegios.
Este patrón —convertir concesiones estatales en mecanismos de control— persiste pese a los múltiples señalamientos por corrupción y abuso. Los mismos que han manipulado vacíos legales ahora se presentan como víctimas de un convenio con Puebla que busca precisamente ordenar un sector históricamente desregulado. Acusan perjuicios, pero omiten que durante años han operado rutas heredadas, impuesto tarifas sin control y eludido cualquier inspección.
Claman por legalidad mientras han saboteado su aplicación. La igualdad ante la ley no puede invocarse selectivamente. El Estado tiene la responsabilidad de regular sin distinto alguno y erradicar los chantajes disfrazados de representación gremial. Tlaxcala merece un transporte público digno, no la continuidad de poderes fácticos que anteponen su poder al bien común.
Las concesiones de transporte público son facultades otorgadas por el Estado y deben estar sujetas al cumplimiento de la ley. Cuando se incurre en irregularidades o fraudes, la autoridad no solo puede, sino debe revocarlas, para proteger el interés público, de lo contrario perpetúa prácticas abusivas en el sistema de transporte.
¿Qué clase de gobierno permite que figuras con antecedentes de fraude, amenazas y despojo regresen impunemente a exigir más poder? La respuesta está en una institucionalidad que, lejos de exigir cuentas, sigue abriendo las puertas a caciques del transporte como los hermanos Tuxpan y Indalecio Saucedo Sánchez. Mientras exigen más control, evaden responsabilidades por abusos documentados y denuncias públicas, como la venta ilegal de concesiones por sumas de hasta 300 mil pesos.
Permisionarios han abandonado la empresa Autobuses Puebla-Tlaxcala-Calpulalpan por malos tratos, pero temen denunciar por miedo a represalias. Este modelo autoritario, basado en el miedo y el clientelismo, no representa ni a usuarios ni a trabajadores. El transporte ha sido convertido en feudo privado por actores que negocian rutas como si fueran de su propiedad, protegidos por una impunidad que parece institucionalizada.
El gobierno no puede seguir legitimando a quienes han lucrado con bienes públicos ni ignorar denuncias por conveniencia política. La falta de acción judicial no es solo negligencia: es complicidad. Estos personajes no son empresarios, son operadores de una red caciquil que ha deteriorado el transporte y puesto en riesgo a la población.
La movilidad pública no puede seguir secuestrada por mafias disfrazadas de liderazgos gremiales. Tlaxcala necesita un sistema de transporte regido por la legalidad, no por chantajes. La verdadera disyuntiva para el Estado es clara: o se pone del lado de los ciudadanos, o perpetúa la impunidad de quienes han hecho del transporte un botín político.
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