Por Edgar García Gallegos
En seguridad, el gobierno de Cuéllar ha vendido su éxito al afirmar que Tlaxcala es el estado con la menor incidencia delictiva del país. No obstante, este logro se ve empañado por hechos que cuestionan la capacidad de su administración para garantizar el orden. La crisis interna en la Secretaría de Seguridad, con más de seis titulares en tres años y la falta de respuesta ante casos de abuso y corrupción, ha generado desconfianza. Además, aunque la administración ha logrado reducir la incidencia delictiva en un 21% desde 2021, la sensación de inseguridad persiste entre los ciudadanos, especialmente cuando los delitos ocurren a plena luz del día.
Un ejemplo claro de esto fueron los recientes actos de violencia, cuando comandos entraron a restaurantes, asaltaron y golpearon a comensales, huyendo sin consecuencias, lo que cuestionó el costo y la efectividad del sistema C5i. Estos hechos han dejado al descubierto las falencias en el aparato de seguridad, mientras los responsables siguen impunes.
El trabajo de su equipo de seguridad, que ha logrado importantes avances en equipamiento tecnológico, podría haber sido un punto fuerte si hubiera sido acompañado de una narrativa efectiva que mostrara cómo estos logros impactan positivamente en la vida cotidiana de los ciudadanos. Ahora, hasta en tono de burla dicen que el C5i debería cambiar su «i» a la I mayúscula, pues ha sido rebasada.
Por otro lado, el discurso de que Tlaxcala está libre de delincuencia organizada se vino abajo cuando miembros de células criminales fueron capturados por el gobierno federal, demostrando que la realidad está lejos de lo que se había asegurado públicamente.
A estos problemas se suman escándalos internos como la denuncia de acoso sexual y desaparición forzada contra Alfredo Álvarez Valenzuela, ex secretario de Seguridad Ciudadana, así como la falta de claridad sobre su reemplazo, lo que representó un golpe significativo a la imagen del gobierno. La gobernadora ha tenido dificultades para gestionar esta crisis y ofrecer respuestas inmediatas.
Los escándalos de corrupción y nepotismo, como el contrato millonario en la Secretaría de Movilidad y la opacidad en la destitución de funcionarios clave, también han empañado la imagen de Cuéllar. En este contexto, la promesa de un «antes y un después» que la gobernadora hizo al asumir el poder parece haber quedado diluida entre las sombras de una administración que aún no ha logrado consolidar una comunicación eficaz sobre sus logros.
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