Lucro personal y estafas, así opera el cacique del transporte del sur
Redacción/
En Tlaxcala, el transporte público no obedece a un plan estatal ni a las necesidades del pueblo, sino a intereses oscuros. Uno de los rostros más visibles y vergonzosos de esta realidad es Indalecio Saucedo Sánchez, un personaje que se autodenomina líder transportista pero que ha hecho del control del transporte su reino personal, operando como un cacique desfasado del siglo pasado. Su nombre no representa servicio, ni un buen desempeño del transporte, representa abuso, tráfico de influencias y corrupción, disfrazado de ayuda al concesionario.
La nueva maniobra de este viejo líder del gremio es tan descarada, intenta imponer de forma ilegal dos unidades concesionadas en la ruta Panzacola-Tlaxcala en otras rutas del sur, incluyendo la carretera Tlaxcala–Puebla (Ruta 119), donde no tienen permiso ni historial. Estas unidades, inactivas por años, reaparecen justo cuando se busca reordenar el sistema, y su finalidad no para mejorar el servicio, sino para proteger intereses personales, sin embargo, los concesionarios legítimos de las rutas afectadas, ya alzaron la voz y lo denunciaron ante la Secretaría de Movilidad y Transporte por invadir rutas ajenas, pero Saucedo evade las consecuencias usando amparos como herramienta para frenar la ley cuando le resulta incómoda.
Pero esto no es nuevo, durante más de 30 años, Indalecio Saucedo ha sido señalado por la venta ilegal de concesiones hasta en 300 mil pesos, por hostigar a concesionarios y operadores independientes y por ejercer un control violento y vertical sobre el gremio, así lo señalan quienes artos de su peculiar estilo de trabajar, alzan la voz porque lo único que quieren es trabajar por la derecha. Su poder no proviene del servicio, sino del miedo y del clientelismo. Bajo su mando, el transporte público se ha convertido en una red de intereses privados disfrazada de estructura legal.
La Ley es clara: si un concesionario deja de prestar el servicio sin justificación, la concesión debe ser revocada. ¿Porque esas unidades dejaron de prestar el servicio durante muchos años y ahora resurgen con el argumento de atender a la ciudadanía, pero en una ruta que no le corresponde?, lo cual genera más desorden. ¿Qué más justificación necesita el Estado para actuar con firmeza? Aquí no se trata de una omisión menor, sino de una conducta sistemática que afecta a miles de personas y atenta contra la autoridad misma, frenando además las inversiones para mejorar el transporte público.
Porque este personaje que tiene ya varias denuncias en su contra por parte de personas que han sido estafadas, con la promesa de otorgarles una concesión, se le sigue permitiendo tener injerencia aun en el transporte e inclusive en mesas de trabajo con autoridades, cuando se conduce de esta forma.
El Convenio Marco entre autoridades de los estados de Tlaxcala y Puebla busca ordenar el transporte en la carretera 119, pero es inútil mientras figuras como Indalecio Saucedo, con historial de abusos, sigan impunes y con poder. No puede haber transporte digno bajo el control de caciques que tratan las concesiones como propiedad personal. Tlaxcala debe dejar de tolerar chantajes disfrazados de liderazgo y actuar con firmeza: revocar concesiones abusivas y recuperar el control público del servicio. La dignidad ciudadana exige romper con la corrupción y la impunidad en el transporte.
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