El paro de labores de los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) era inminente ante la inflexibilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena de modificar la iniciativa de Reforma al Poder Judicial de la Federación. Lo que llama la atención es que, aun cuando desde el inicio las movilizaciones se gestaron con el conocimiento y la venia de la presidenta del máximo órgano constitucional, Norma Piña, así como de su más cercano asesor, el también ministro Juan Luis González Alcántara, ambos no han querido liderar públicamente las movilizaciones.
El 5 de julio revelé que el Consejo de la Judicatura Federal alistaba un paro de labores hacia mediados de agosto en contra de la reforma judicial que se votará este mes en el Congreso de la Unión. Los funcionarios del CJF acudieron a las instalaciones del edificio Prisma, en Insurgentes Sur, propiedad del Poder Judicial de la Federación, para hablar con los titulares de los órganos jurisdiccionales y transmitirles el mensaje.
El 21 de agosto inició el paro de labores de más de mil 200 juzgadores de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces, que encabeza la jueza Juana Fuentes Velázquez, cercana a Norma Piña, a lo que siguieron otras agrupaciones de integrantes del Poder Judicial, las manifestaciones de miles de estudiantes de universidades públicas y privadas, y finalmente este lunes se aprobó, por mayoría de votos, la suspensión de labores de los trabajadores del máximo tribunal.
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El paro en la Corte, los ministros y los transitorios (msn.com)
