El regreso de la CIA
Opinión de
Los hechos. El 18 de abril, la Fiscalía de Chihuahua anuncia el desmantelamiento de dos laboratorios de metanfetamina en la sierra. La operación es presentada como un “operativo conjunto” entre la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y el Ejército. Horas más tarde, la Fiscalía añade a su relato que dos “oficiales instructores de la embajada” estadounidense, junto con el director de la AEI y su escolta, se accidentaron cuando regresaban del operativo. La camioneta cayó a un barranco, se incendió y todos murieron. Una tragedia completa, cerrada y lista para el archivo. Al día siguiente, en la tarde del 19, el embajador Ronald Johnson, un ex halcón de la Agencia Central de Investigación (CIA), lamenta la muerte de “personal de la embajada de los Estados Unidos”. En paralelo, el medio Pie de Nota contradice la versión: los dos “instructores”, en realidad, eran cuatro, pero dos se salvaron; trabajan para la CIA en la embajada ubicada en Monterrey, participaban en labores de inteligencia con drones y habrían sido ellos quienes proporcionaron la ubicación de los narcolaboratorios. Hasta vestían uniformes de la AEI. La historia, que ya era difícil de seguir, se complejiza.
El lunes 20, la presidenta Claudia Sheinbaum dice que ella no sabía que hubiera personal de la embajada estadounidense en Chihuahua y exige información a los Estados Unidos. El fiscal César Jáuregui sale y distorsiona aún más su versión: a los “instructores” se los encontraron en el camino, de noche, solos, y les dieron aventón porque en las horas siguientes “iban a abordar un avión”. Es decir: la cooperación internacional reducida a una coincidencia automovilística. El martes 21, The Washington Post confirma la información de Pie de Nota: eran agentes de la CIA. La presidenta, por su parte, dice que los estadounidenses sí estaban trabajando con las autoridades estatales, que se investiga de qué agencia eran y que se está revisando si se violó la Constitución y/o la Ley de Seguridad Nacional. La gobernadora María Eugenia Campos, mientras tanto, impone su narrativa de que el Ejército sabía y dice que se reunirá con la presidenta para darle toda la información del decomiso del laboratorio, no de la traición a la patria. El miércoles por la mañana, una molesta presidenta informa que sí se reunirá con la gobernadora.
Las reflexiones: Es muy probable que Estados Unidos nunca reconozca en público que los fallecidos eran agentes de la CIA. Las agencias de inteligencia, aunque despachen en oficinas, no tienen vocación de boletín de prensa. Tampoco a la Fiscalía le interesa aclararlo. Pero ni falta hace: la prensa se ha encargado de resolver, al menos, el misterio de los dos fallecidos estadounidenses.
En una primera capa, lo que se observa es un problema institucional: operativos “conjuntos” cuya naturaleza nadie termina de explicar, presencia extranjera que se oculta o que se menciona a medias y una legalidad que se revisa hasta después de los hechos.
En una segunda capa aparece la dimensión política. La gobernadora Campos, opositora a la llamada 4T, no es ajena a la escena. Participa a través del fiscal César Jáuregui, uno de sus operadores más cercanos, encargado de sostener una versión que se ha ido desarmando con los días. Jáuregui era el secretario de Gobierno cuando Campos fue alcaldesa de Chihuahua. Autónomo, lo que se dice autónomo, no parece ser. Que el Senado lo cite para comparecer es lo menos que se puede pedir.
No es la primera vez que surgen cuestionamientos sobre los límites constitucionales de Campos. En las redes se ha recordado el acuerdo firmado con el gobernador de Texas, Greg Abbott, que abrió la puerta a una cooperación más profunda en materia de seguridad, incluyendo acceso a sistemas de vigilancia. En Pie de Nota, además, se asegura que Campos y la CIA trabajan juntos al menos desde enero.
¿Prueba todo esto que actores de la oposición están siendo utilizados por Washington? No necesariamente. Pero sí deja ver que existen incentivos para que gobernantes toleren —o incluso faciliten— ciertos niveles de injerencia a cambio de protección política. Qué tanto sabe la gobernadora de los agentes de la CIA no debería ser la cuestión, sino qué tanto está dispuesta a permitir que los estadounidenses intervengan en su estado. La soberanía al servicio de la salvación de particulares. ¿Johnson está metido? Difícil saberlo. Pero por su pasado no se descartaría.
En manos de la presidenta está si la gobernadora recibirá más que una amonestación (el juicio político) o sólo un escarmiento por haber transgredido al Estado mexicano. POR ALEJANDRO ALMAZÁN COLABORADOR @ELALEXALMAZAN
