Con su ambicioso paquete de reformas, AMLO se proponía dinamitar el edificio de contrapesos que desde 1988 los mexicanos se habían empeñado en construir para poner límites al poder presidencial. Desde entonces comenzó una ruta sin retorno. Y va cumpliendo a cabalidad su anhelo.
Ya terminó con el Poder Judicial como lo conocemos, por ejemplo, y empoderó a un más a las Fuerzas Armadas, que crecieron en influencia con él en la Presidencia. Pero faltaba un golpe demoledor. Y ya ocurrió.
Lo había anunciado desde antes. Era parte de una vendetta personal: desaparecer siete organismos autónomos y entes reguladores. En la mira colocó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personal (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), así como a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación.
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