COSA PÚBLICA… Indalecio Saucedo: de tracala a invasor impune de terrenos
Opinión de Albino Rubio Moreno
Indalecio Saucedo Sánchez no representa a los transportistas de Tlaxcala. Los ha secuestrado. Por años, ha erigido una red de poder sostenida no en el servicio ni en el compromiso gremial, sino en el chantaje, el clientelismo y las dádivas de quienes han preferido pactar con él que enfrentar su poder corrompido.
Es el rostro de un caciquismo que se niega a morir porque ha sido útil para quienes gobernaron Tlaxcala desde la simulación. Exgobernadores como Alfonso Sánchez Anaya y Héctor Ortiz Ortiz lo alimentaron con vehículos y propiedades públicas, bajo la fachada de “apoyo al transporte”. Hoy, esos bienes son de uso privado: un Sedán para los hijos, una “Casa del Transportista” convertida en herencia familiar. Así se ha operado la corrupción institucionalizada, disfrazada de estructura gremial.
Pero el poder real de Saucedo no está en los papeles, sino en el miedo. Controla, amenaza y castiga. Su figura no representa, impone. Los testimonios de transportistas son claros: quien se opone, pierde ruta, concesión o trabajo. Quien calla, sobrevive.
Y ahora, su ambición ha cruzado otro límite. Vecinos de Papalotla lo señalan por invadir una barranca sin permisos ni estudios ambientales. Territorio público transformado en extensión privada. Como si fuera dueño del suelo, de las normas, y del silencio cómplice de las autoridades.
¿Dónde están la Conagua, Semarnat o el Ayuntamiento? ¿Dónde la legalidad? ¿Dónde el Estado?
No es un caso menor. Es el síntoma de un Tlaxcala donde los intocables todavía existen. Donde la ley se aplica según el apellido, la cercanía política o la capacidad de presión. Un estado donde algunos pueden apropiarse del gremio, del espacio público y del presupuesto sin enfrentar consecuencia alguna.
La permanencia de Indalecio Saucedo en la vida pública no es una anécdota más. Es una afrenta a los cientos de transportistas honestos que sí cumplen. Es una burla para quienes respetan la ley. Es un espejo roto del poder que protege a quienes lo extorsionan.
No es un tema de concesiones. Es un tema de dignidad.
Tlaxcala no puede seguir tolerando a los de siempre. El transporte no debe seguir sometido. El territorio no puede seguir loteado. Y la ley no puede seguir siendo selectiva.
Es momento de que las autoridades actúen. No como reacción al escándalo, sino por respeto al estado de derecho.
Y si no lo hacen, entonces será la ciudadanía —esa que sí paga, que sí trabaja, que sí respeta— quien exija justicia.
Indalecio Saucedo debe ser investigado, procesado y retirado. Tlaxcala ya no puede cargar con el peso de sus caciques.
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