Señorío Tlaxcalteca… Qué gana Tlaxcala con los viajes de Cuéllar
Opinión de Jorge Castañeda
Todos los integrantes de Cortes Supremas y/o constitucionales, en todos los países democráticos, hacen política. La realizan entre ellos, ante los otros poderes, y frente a la opinión pública y publicada. A nadie debe extrañar que nuestros ministros —los de la 4T y los ocho salientes— actúen así. Es normal, y sano.
Obviamente, como todos, en ocasiones aciertan en sus acciones políticas, y a veces no. Es el caso de Norma Piña, en sus roces con López Obrador, y de Juan Luis González Alcántara, con su ponencia sobre la invalidez, por anticonstitucional, de la reforma del Poder Judicial. El ministro entregó su ponencia sobre la constitucionalidad de dicha reforma, e incluye entre muchas otras cosas —y 366 páginas— dos consideraciones claramente políticas, aunque descansan sobre sólidas bases jurídicas. La primera es la invalidez de la elección por el sufragio universal de jueces y magistrados; la segunda acepta la elección de ministros de la Suprema Corte.
Detecto tres posibles explicaciones de esta aparente contradicción, o incongruencia. La primera, muy verosímil, se basaría en un hecho político: el denominador común más elevado que encontró González Alcántara entre sus siete colegas opuestos a la reforma en su conjunto fue justamente esta decisión salomónica, es decir partir al bebé, pero ya no a la mitad sino al estilo narco, la cabeza de un lado, todo lo demás del otro. Porque si bien la reforma contiene una infinidad de aberraciones, la más grave, a mi juicio, radica en la elección de la Corte. Pero se entiende: si solo así se aseguraban los ocho votos necesarios, ni modo.
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