Tres asuntos ocupan la atención, o mejor dicho la preocupación, en estos días, queridos lectores: la asignación final de diputados, a resolverse ya por el Tribunal Electoral; la desaparición de organismos autónomos, destacando entre ellos el de acceso a la información; y la así llamada reforma judicial, que acabaría de un plumazo con el modelo existente de impartición de justicia en nuestro país.
De cada uno de estos tres hemos ya escuchado loas, críticas, promesas o advertencias, sin que se haya dado el más mínimo acercamiento entre las posturas oficialistas y las de la oposición. Tenemos que intentar un análisis que se aleje de los extremos, que se olvide del insulto y la diatriba y se concentre en lo factual.
Comienzo por la asignación de diputados: lo que la Constitución señala es bastante claro en lo que a partidos (mas no a coaliciones) respecta, por lo que una lectura estricta del texto constitucional lleva irremediablemente a la conclusión que llegaron 7 de los 11 consejeros del INE. Pero mal haríamos en ignorar las razones y el voto y las opiniones de los consejeros restantes, y peor haríamos ignorando el precedente que esto sienta para la construcción de “súper mayorías” en el futuro. Ahí estará el fondo de la litis para los magistrados electorales: no en una interpretación lineal o laxa del texto constitucional, no las contradicciones entre lo que en su momento hicieron en el INE y lo que ahora postulan (en contradicciones similares incurren MORENA, el PT o el PRI), sino en el riesgo para la democracia mexicana de la construcción artificial de mayorías legislativas. Tal vez el fallo debería decir: cómo hoy me ves, algún día te verás…
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