La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito denunció ayer “inconsistencias” en lo que va del desaseado proceso y pidió suspenderlo, entre otras razones porque quienes participen como funcionarios en los centros de votación pueden ser sujetos de sanciones penales.
Y es que la presidenta de la República, los legisladores del Congreso de la Unión, consejeros y magistrados del Instituto Nacional y el Tribunal Electoral, como jamás en la historia, continúan desacatando las suspensiones otorgadas por el Poder Judicial vigente, y su desobediencia es un delito que se castiga con cárcel.
La asociación enfatiza “los graves desafíos logísticos” de que ha informado el INE, derivados del recorte presupuestal de 52 por ciento que le aplicó la mayoría diputadil oficialista.
“Este ajuste ha forzado a reducir el número de casillas al 43 por ciento de lo inicialmente planeado y a operar con menos de la mitad del personal electoral necesario para garantizar una votación segura, transparente y confiable”, dicen los juzgadores.
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