Opinión de Carlos Bravo Regidor
La crisis constitucional en la que desembocó la reforma al Poder Judicial ha escalado en los últimos días. Por la nueva reforma sobre la mal llamada “supremacía constitucional” y por la presunta “autorización” del Senado para que la Presidenta desacate la orden de una juez de “despublicar” la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación. Ambas acciones, lejos de aclarar un poco el panorama, contribuyen a enturbiarlo todavía más.
La reforma sobre la “supremacía constitucional” tiene tres problemas evidentes. Primero, exhibe que ni el oficialismo se creyó su argumento de que las reformas a la Constitución eran incontrovertibles (de ser así, su nueva reforma sería redundante).
Segundo, es una reforma aún más controvertible, pues atenta de manera más flagrante que la anterior contra principios constitucionales fundamentales (e.g., la separación de poderes, la no retroactividad de la ley o la defensa de los derechos). Y tercero, porque manda la señal de que el oficialismo no está dispuesto a pelear por los cauces jurisdiccionales sino que, ante cualquier revés potencial por parte de los tribunales, responderá por la vía legislativa.
El gobierno y su bloque mayoritario en el Congreso avisan así, en pocas palabras, que para ellos está cancelado el cauce del litigio constitucional.
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